Un año atrás salió el decreto presidencial del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y el país se replegó hacia los hogares. Esto implicó que miles de mujeres de todas las edades se encontraran en una convivencia de 24 horas con sus agresores, sin trabajo y sin escuelas, mientras cerraron las atenciones presenciales de Atención a la víctima en violencia doméstica de Tribunales, los Centros de Acceso a la Justicia, los Centros Territoriales de Denuncia, y los fines de semana no había centros de salud tampoco.
Previsoras, las referentes en el trabajo diario de acompañamiento a las víctimas, entendieron que lejos de replegarse como todas las instituciones, debían sostener, reforzar y reconfigurar su trabajo, que más que antes fue considerado esencial. Las oficinas de Teléfono Verde sumaron a su atención un servicio de mensajería por WhatsApp y un servicio de tramitación de denuncias, la presencialidad en casos críticos, y los refugios.
Mientras en la Fiscalía de Género se fortalecieron las comunicaciones internas y en red con el Municipio, el Ministerio de Seguridad y los centros de salud. El rol de las organizaciones feministas de los barrios fue clave en la cercanía, y fueron los ojos más cercanos a esta realidad que se recrudeció.
¿Por qué se dice que recrudeció? Los números así lo mostraron: La fiscalía recibió más de 30 casos de denuncias por día durante el encierro, y desde Ampliando Derechos (que trabaja en dos barrios) fueron cuatro o cinco mujeres por semana cuando años anteriores eran la mitad.
Aumentó un 70 por ciento las llamadas al Teléfono Verde (de 4500 en 2019 a 7600), y hubo igual cantidad de consultas por la nueva mensajería de Whatsapp del Contacto Violeta.
La propia ONU destacó que en Argentina es de los peores cuatro países de América donde aumentaron los casos de violencia de género.
En el cuarto año consecutivo que se realiza la movilización y paro de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, entre los reclamos del colectivo feminista se destaca que se apruebe la ley Ni una menos, se bajen las tasas de violencia machista, se igualen los salarios en los puestos laborales, y se mejoren las condiciones de trabajo irregulares, entre otras consignas igual de importantes como la capacitación en perspectiva de género con la Ley Micaela en todos los poderes del Estado, sobre todo la Justicia, tras el determinante caso de Úrsula Bahillo por haber realizado 18 denuncias y resultar muerta a manos de su ex pareja.
La fiscal adjunta de la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, Luciana Vallarella, relató en torno a las políticas que “si bien hay subsidios para víctimas y hay instancias de acompañamiento, no hay una política pensada para ese acompañamiento de la mujer víctima de género, lo cual muchas veces genera obstáculos en su decisión de terminar esa relación dañina”. Recordó que “los centros de alojamiento funcionan pero son temporarios y no se piensa a dónde irá después, por lo que estos recursos son insuficientes”.
Además de causas de violencia de género también trabajan tentativas de femicidio y casos de violencia con niños menores. En su área hay cuatro fiscales, que durante la pandemia y hasta hoy reciben un total de 32 denuncias diarias. “Es un gran número, sería bueno ser más fiscales de género porque nos superan las cantidades de causas. Si antes de una denuncia, hubiera el acompañamiento suficiente en lo económico, y en lo emocional, quizás se evita que se llegue a una denuncia y habría menos causas”, especuló.
Si sos víctima de violencia de género podés comunicarte con el Teléfono Verde al 0800 444 0420, todos los días del año, durante las 24 horas. Si no podés hablar, escribí un Whatsapp al 3415781509. En caso de emergencias, llamá al 911.
Fuente: rosarioplus.com
