La decisión del tribunal de Alzada confirmó la inexistencia de las acusaciones contra el defensor de campesinos del norte provincial.
El abogado defensor de los derechos humanos Iván Bordón, preso durante tres días en julio de 2018 y acusado como supuesto «jefe de una asociación ilícita» por ejercer su oficio y asistir a campesinos del norte santafesino que resisten el despojo de sus tierras, le ganó al lobby sojero.
La Cámara Penal de Rafaela le dio la razón al exculparlo de semejante cargo y confirmar el fallo de la jueza Cristina Fortunato que ya los había desestimado en primera instancia al considerar que carecía de «entidad» y «pruebas» que lo acrediten.
Los acusadores de Bordón eran la fiscal de Tostado Sonia Bustos y los querellantes Néstor Oroño y Sixto González, pero la jueza retrucó que para que alguien esté «al mando de una organización delictiva», primero deben probar que ésta «existe» y como no hay pruebas, no hay jefe. Ahora, la Cámara ratificó la sentencia de Fortunato. El abogado esperaba la resolución del tribunal porque destapa la trama. «Son causas armadas para criminalizar el reclamo de las familias rurales que pelean por el derecho a la tenencia de la tierra», afirmó.
Bordón publicó la resolución de la Cámara en su página Web. «Al fin llegó», escribió sin ocultar su alegría. Y explicó que el fallo confirma lo que la jueza Fortunato ya había resuelto en julio de 2018, cuando desestimó la figura de la supuesta «asociación ilícita» en calidad de «jefe» con la que pretendían imputarlo la fiscal Bustos y los abogados Oroño y González y rechazar la «prisión preventiva» que le habían pedido.
El hecho ocurrió en 25 de julio de 2018 en Tostado, cuando Bordón fue «privado ilegalmente» de su libertad «en el ejercicio de la profesión» durante un «allanamiento» a la familia de Germán Clavero, de 60 años y sus sobrinos. «No se me permitió controlar la medida judicial» y esto derivó en un «forcejeo» y luego en su detención. Esposado, lo arrastraron hasta un móvil policial, mientras sufría «golpes de puños y patadas». Le endilgaron un clásico: presunta «resistencia y atentado a la autoridad».
«Todo esto contó con el aval y encubrimiento de la fiscal Bustos, quien de manera falaz dijo que los golpes que le constaron en el cráneo y en el cuello» se los provocó él mismo, pegándose la cabeza contra la pared. Lo llamativo es que a «los cuatro policías, Hugo Castillo, Oscar Cabaña, Javier Vitali y Daniel Díaz» que la fiscal dijo que Bordón había agredido sólo se le constataron «lesiones», pero en «los puños».
«Luego de tres días de detención arbitraria, y sin pruebas, me atribuyeron cuatros hechos más», recordó Bordón. El los desacreditó ante la Cámara en la audiencia del 15 de mayo último, en la que responsabilizó a la fiscal Bustos como supuesta «responsable en carácter de autora y partícipe de varios delitos». En la audiencia anterior, en la imputativa de julio de 2018, ante la jueza Fortunato, Bordón fue defendido por sus colegas de Santa Fe, Lucila Puyol y Guillermo Munné del equipo jurídico de Hijos.
«Son causas armadas para criminalizar el reclamo de las familias rurales que pelean por el derecho a la tenencia de la tierra». Bordón.
Está claro que se trata de «causas armadas» para «criminalizar el reclamo de familias rurales que pelean por el derecho a la tenencia de un lote de tierra», dijo. Y recordó lo que dijo en aquella primera audiencia ante la jueza Fortunato que «confirmó» su libertad ante «la sonrisa despectiva de los lucran con el despojo». «Allí expresé la profunda convicción que nos moviliza. Dije que nosotros luchamos y defendemos a los más débiles, a los desprotegidos. Y que sabemos que buscan disciplinarnos con toda esta persecución judicial, pero que sin embargo nunca podrán quebrar nuestra voluntad de lucha y resistencia a los atropellos».
Bordón valoró a sus colegas Puyol, Munné y el doctor César Sivo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que lo «apuntalan y asisten legalmente» en las causas y a los «compañeros» del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, Hijos Santa Fe, el CELS y la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos.
Fuente – Página 12
