En su primer plenario del año la Asociación de Defensores del Pueblo (Adpra) reunido en la ciudad de Neuquén, los Defensores del Pueblo reclamaron el jueves la suspensión de la aplicación de los aumentos de tarifas en los servicios públicos, incluido el anunciado hoy por el gobierno nacional para el gas, ratificando que siguen sin contemplar los principios de proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y no confiscatoriedad considerados indispensables por la justicia argentina.
El plenario de Adpra hizo suyo el pedido del Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, y otros de sus colegas, incluido en la declaración final, al entender que los aumentos no respetan el fallo en el caso Cepis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidos a la proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y de no confiscatoriedad.
Los Defensores expresaron que las subas de tarifas deben realizarse una vez al año, tal cual ocurre con las paritarias pero previas a ellas, así los acuerdos salariales podrán medir el impacto de aquellas en los bolsillos del trabajador.
Pidieron que el GNC tenga un valor testigo, situación que hasta el día de hoy no existe y que el gas envasado en garrafas sea declarado un servicio público esencial y no regulado por el mercado como en la actualidad, ya que las personas de mayor vulnerabilidad social terminan pagando mucho más que quienes están servidos por el gas en redes.
Los Defensores del Pueblo se opusieron terminantemente a los medidores de energía prepagos y a su retiro en el caso de que las familias no puedan afrontar económicamente las facturas; reclamaron que la tarifa social se incremente hasta los 800 kilovatios por mes, actualmente en 300 kw/mes.
Exigieron de las empresas prestadoras de servicios públicos la absoluta transparencia de sus estructuras de costos para la definición de las tarifas, ya que sin ellas no se sabe qué tipo de valor se está aplicando.
Defensoría del Pueblo de Santa Fe
