Así lo sostuvo el Fiscal General de la provincia. El funcionario hizo hincapié en la histórica transformación lograda y valoró el compromiso de los ex gobernadores Jorge Obeid, Hermes Binner, Antonio Bonfatti y del actual mandatario, Miguel Lifschitz. «Cambió el esquema del litigio; la publicidad; la oralidad; la adversariedad; y, fundamentalmente, la posibilidad de la sociedad de interpelar a los actores del sistema», señaló el funcionario.
Se cumplen hoy dos años de la implementación del nuevo sistema procesal penal en la provincia de Santa Fe. Su puesta en marcha generó transformaciones jurídicas e institucionales históricas, que permitieron dejar de lado un sistema inquisitivo por un nuevo esquema penal oral, transparente y ágil.
«Desde hace dos años, todos sabemos que en cualquier causa penal, siempre deberá haber alguien que acuse, alguien que defienda, y alguien absolutamente imparcial que juzgue», afirmó el Fiscal General de la provincia, Julio de Olazábal. «Esto que parece absolutamente obvio y sencillo, en Santa Fe no era así hace tan solo un tiempo atrás», señaló el funcionario y agregó: «Los cambios no son una construcción acabada, sino un proceso en ejecución al que todavía le falta para finalizar, pero que permitió avances sustanciales».
Olazábal también manifestó que «a nadie se le ocurriría cambiar el Código Procesal Penal para volver a establecer que las audiencias sean secretas o que los jueces no informen a la prensa lo que está ocurriendo», ejemplificó. «Estos son los resultados del nuevo sistema: la ciudadanía puede entender qué es lo que se está diciendo en el proceso penal, y eso es un cambio fenomenal para la República porque permite el acceso a la información, y porque se nos puede criticar por nuestro accionar», valoró.
También repasó los logros conseguidos y enumeró: «Cambió el esquema del litigio; la publicidad; la oralidad; la adversariedad; y, fundamentalmente, la posibilidad de la sociedad de interpelar a los actores del sistema penal. Pero ahora también los jueces están presentes en las audiencias; se discute la prisión preventiva; se hacen seguimientos externos y evaluaciones de la marcha del sistema; se creó la Policía de Investigaciones; y se sancionó la ley de Organismo de Investigaciones».
Historia
Olazábal también hizo un breve repaso histórico de cómo se produjeron los cambios que permitieron la entrada en vigencia de la nueva justicia procesal penal santafesina. En tal sentido, trajo a colación los mandatos constitucionales y las convenciones internacionales con las que no cumplía el sistema procesal penal santafesino; y también refirió a los fallos «Casal» y «Dieser – Fraticelli» que, según manifestó, «anticiparon la muerte del viejo sistema». Recordó que se hicieron reformas parciales. Destacó la conformación del “Plan estratégico para la Justicia de Santa Fe” en 2006 durante la gestión de Jorge Obeid; la aprobación legislativa del nuevo Código en 2007; el dictado de la «Ley de implementación progresiva del Código Procesal Penal» en 2008 durante la gestión de Hermes Binner, y de las restantes leyes de implementación en 2009.
«A pesar del apoyo prácticamente unánime que tuvieron las leyes de los partidos políticos con representación en la Legislatura de la Provincia, se produjeron sucesivas prórrogas para la puesta en vigencia, que hicieron temer el fracaso. Sin embargo, el 15 de septiembre de 2013, el gobernador Antonio Bonfatti estableció como efectiva fecha de puesta en marcha del nuevo sistema el 10 de febrero de 2014», relató.
También se refirió al actual gobernador, Miguel Lifschitz, y expresó que «tenemos muchas expectativas, porque –a días de haber asumido– el mandatario se comprometió públicamente a completar la estructura del MPA con fiscales y personal de apoyo y a poner en marcha definitivamente el Organismo de Investigaciones».
A futuro
El titular del MPA también repasó lo que, a su criterio, aún debe ser mejorado. «Debemos reconocer que, en primer lugar, nos está faltando el establecimiento del juicio por jurados que requiere nuestra Constitución. «No podemos seguir discutiendo si es mejor o peor que el sistema de juicios en vigencia. Desde 1853, la Constitución Nacional obliga a establecer el juicio por jurados. Entonces, o cumplimos la Carta Magna o modificamos lo que ella sostiene», consideró.
Por otra parte, Olazábal reconoció que «debemos llegar al momento de clausura del sistema conclusional de causas, y así poder dar por finalizada una etapa histórica del proceso penal santafesino».
También se refirió a la situación del MPA y sostuvo: «Nos faltan diseñar nuevas formas de organización, de investigación y de capacitación; dictar más instrucciones generales que surjan del consenso interno; incorporar nuevas tecnologías; lograr mayor eficiencia; completar el cuadro de recursos humanos y materiales; completar al Organismo de Investigaciones; mejorar la relación con las víctimas y optimizar prácticas de trabajo».
En torno a los cuestionamientos al sistema procesal penal, el Fiscal General dijo que «se escucha un muy exigente reclamo evaluatorio de los resultados producidos, reclamo que considera al nuevo sistema no como algo que todavía no se terminó de constituir orgánicamente, sino como si tuviera una dilatada trayectoria y consolidación. A la anotada exigencia le sigue una conclusión: ha fallado».
Sin embargo, Olazábal consideró que «si se producen comparaciones no deben realizarse con un ideal abstracto de Justicia, sino con los resultados de otra justicia posible, y siempre computando el grado de realización y consolidación de cada una». En tal sentido, el titular del MPA trajo a colación un informe de la secretaría de Asuntos Penitenciarios de la provincia, en el que se detalla el marcado crecimiento de la población penal experimentado en los últimos dos años: mientras en en 2009 había 2.483 internos en cárceles provinciales; en 2011 fueron 2.613; en 2013 llegaron a 2.827; y en 2015 sumaron 3.878″.
Fiscales
«El rol de los fiscales cambió radicalmente: en el viejo sistema, era inexistente. Los fiscales eran ‘decidores’ de dictámenes: nos pasaban los expedientes para que dijéramos que opinábamos. Ahora tienen un protagonismo fundamental», remarcó Olazábal. «Quiero destacar el trabajo de los fiscales y fiscales adjuntos, porque están haciendo una labor denodada», concluyó el Fiscal General.
Números institucionales
* 5 fiscales regionales y 113 fiscales (42 titulares y 71 adjuntos)
* 17 departamentos de la provincia con presencia de unidades fiscales
* 392.185 legajos iniciados ante el MPA en dos años
* 15 prisiones preventivas dictadas por día
Oficina de Prensa y Difusión MPA
