El 5 de agosto, el gobernador Antonio Bonfatti conmutaba y fijaba la pena a 67 internos de toda la provincia. Uno de los internos es Antonio Nicolás Ceballos, uno de los matadores de Rubén Atilio y Rubén Eduardo Mattioli; padre e hijo que fueron asesinados en San José del Rincón en el año 2007 cuando retornaban de trabajar en un autoservicio familiar; en el caso se fijó una pena de 25 años.
Por la repercusión que tuvo en la opinión pública la conmutación de pena, el ministro de Justicia, Juan Lewis, admitió que el gobernador «dio instrucciones» de revisar el decreto.
No obstante, el funcionario defendió «la legalidad» del decreto, pero reconoció que en el caso Mattioli, «no se evaluó convenientemente la repercusión social y de las víctimas, que aparecieron con argumentos muy razonables».
Lewis reparó también -como lo hizo Bonfatti- en los «diferentes pasos» que es necesario cumplir hasta que una conmutación de penas llega a la firma del gobenador.
«Pero hay razones de oportunidad y conveniencia que ameritan revisarlo, aunque sea legal», insistió. «No pensábamos -admitió Lewis- que (esta conmutación) podía generar esta situación de conmoción social».
Y reconoció: «Uno se puede equivocar en la percepción o en intentar esuchar la voz de las víctimas. Y es justamente por eso que el goberndaor nos encomendo de manera inmediata revisar eso porque es un pilar de la gestión», comentó.
