POLÍTICA PROVINCIAL – El Frente Progresista y el justicialismo mantienen las diferencias sobre la norma votada. El Ejecutivo aplicará vetos parciales y debería reglamentar la moratoria que tiene fecha de vencimiento el 28 de febrero.El Poder Ejecutivo quedó facultado por la ley de presupuesto votada el 30 de diciembre último a emitir con aumentos los impuestos inmobiliario -tanto urbano como rural- la patente única sobre vehículos, gravar nuevas actividades con Ingresos Brutos y a poner en vigencia una moratoria con fecha de vencimiento el 28 de febrero. Estas disposiciones están contenidas entre los artículos 38 al 74, inclusive, de la ley de presupuesto cuyo título II versa sobre las disposiciones tributarias.
La redacción del título fue la principal diferencia entre el oficialismo y el justicialismo que terminó ganando la pulseada debido a que el Frente Progresista no logró los dos tercios de los votos en la quinta votación.
«Evitamos un impuestazo garantizando los ingresos para que la provincia siga financiada» subrayaron en un documento este fin de semana los jefes de los distintos bloques del Partido Justicialista de la Cámara de Diputados.
El miércoles mismo -cuando la suerte de la propuesta oficial quedó sellada- empezaron las consultas dentro del Poder Ejecutivo sobre posibles vetos parciales a la norma e incluso la posibilidad de ofrecer textos alternativos a la Legislatura. Es que la ley de presupuesto goza del favor constitucional de poder ser promulgada con vetos parciales.
Más allá del enojo expresado por diputados oficialistas y por el propio Poder Ejecutivo en la figura de su titular, Hermes Binner, y de su ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, el justicialismo salió a defender la votación producida y a negar que hayan dejado desfinanciada a la provincia. «Otorgamos al gobierno el financiamiento para gestionar la provincia durante el año 2010, para pagar sueldos y jubilaciones con los aumentos que gestionen los gremios y continuar con la normal tarea que debe llevar adelante el Estado, garantizando los servicios esenciales que demanda la comunidad. Otorgamos los fondos para que los municipios y comunas de los 19 departamentos de la provincia puedan financiarse correctamente», aseguraron en un documento.
Pero también los diputados justicialistas explicaron a la ciudadanía que la sanción producida «evita el endeudamiento sin límite ni destino del Estado, al no darle un cheque en blanco a una administración que no se ha caracterizado por el buen manejo de los dineros públicos sino todo lo contrario, que se encontró con una provincia con 1.800 millones en sus cuentas y empieza el 2010 con un déficit enorme» y aclararon que «no tocamos la estructura presupuestaria básica de la provincia, respetando el mensaje que el gobernador envió a la Legislatura y nos comprometimos a tratar en ambas Cámaras los pedidos puntuales de endeudamiento que el Ejecutivo requiera para la realización de obra pública».
Los cinco bloques del PJ, en cambio, destacaron que no se autorizó el cobro de una sexta cuota de patente para el 2009; tampoco gravar con Ingresos Brutos a industria y construcción ni la modificación de avalúos con los que se calcula el Inmobiliario tanto Urbano como Rural de manera que «no sean tenidos en cuenta para que aumenten otros tributos, como por ejemplo el Impuesto a los Bienes Personales».
Desde el otro lado
En tanto, el secretario de Finanzas Públicas, Carlos Fernández, insistió en remarcar las diferencias entre el mensaje enviado y lo sancionado.
«Son dos modos de entender cómo el Estado debe obtener los recursos para financiarse y por ende, implican dos sistemas impositivos distintos. La principal diferencia está en que el justicialismo volvió a eximir del impuesto sobre los Ingresos Brutos a la industria y la construcción, que han sido los sectores más dinámicos de la economía en los últimos años, mientras que la presión fiscal sigue recayendo sobre el comercio y los servicios en forma no equitativa».
También la diputada socialista Nidia Goncebat salió a cuestionar la actitud de sus pares justicialistas a los que acusó de cínicos y afirmar que «su accionar sistemáticamente busca asfixiar a la provincia, reducir la influencia del Estado para las transformaciones que el gobierno y la gente solicitan».
Explicó que -por ejemplo- la ley votada prohíbe al gobierno cumplimentar compromisos asumidos en el Acta Acuerdo 05/2009 de la Comisión Paritaria Central celebrada con UPCN y ATE, que acuerdan la incorporación a planta permanente con carácter provisional de personal de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación, que implica, en el marco del trabajo decente, la regularización de situaciones heredadas de precariedad laboral; otra consecuencia directa será que en el marco de los regímenes de Convenciones Colectivas de Trabajo futuras no se podrán disponer regularizaciones de situaciones laborales». Asegura que «el proyecto de los justicialistas sólo acepta que se cumpla lo que el justicialismo acordó en junio de 2007, que regulariza situaciones a diciembre de 2006. Nuevamente el cinismo de los senadores queda evidenciado cuando autorizan la creación de cargos en el Poder Legislativo, eliminando el art. 3 de la ley 11.887 que los prohíbe expresamente, con pase a planta permanente de todo aquel personal de otro poder del Estado que se encuentre prestando servicios en las Cámaras Legislativas».
Fuente: SM
