Se trata de Ana Clara Pérez Ballester. La magistrada está acusada por mal desempeño de sus funciones. Está muy cerca de ser llevada a juicio. También apartaron a su asesora, Elisa Alejandra Catán.
El Jurado de Enjuiciamiento suspendió a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora Elisa Alejandra Catán, las funcionarias del Juzgado de Familia de La Pampa que le dieron la tutela de Lucio Dupuy a Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Espósito, madre y madrastra del pequeño de 5 años, quienes finalmente se convirtieron en sus asesinas.
La decisión del jurado se resolvió por unanimidad, durante una sesión especial llevada a cabo este martes por la mañana en el Salón de Acuerdos del Tribunal de Justicia. Fue después de que el procurador general de La Pampa, Mario Oscar Bongianino, las acusara formalmente por mal desempeño de sus funciones.
El jurado está conformado por el ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, Fabricio Luis Losi, las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo. Además, lo integran las abogadas María Natalia Gaccio y Silvina María Garro.
Ahora, Pérez Ballester y Catán tendrán un plazo de 10 días para exponer sus defensas. Luego, será el turno del ofrecimiento de pruebas, a favor y en contra, para finalmente llegar al juicio político.
Por qué pidieron el juicio político contra la jueza Ballester
La denuncia por mal desempeño la presentaron diputados del bloque oficialista y de la oposición de la provincia de La Pampa. Los legisladores aseguran que la jueza de Familia y la asesora de Menores de la ciudad de General Pico “no realizaron un informe socio-ambiental del contexto familiar donde iba a vivir Lucio”.
Además, expresaron en el comunicado que hicieron público, que en el informe de Ballester “no se informó, ni se citó a testigos”, “no se escuchó al menor”, y el caso “no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales”.
“La magistrada hoy denunciada omitió, en una sucesión de oportunidades procesales, el cumplimiento de deberes a su cargo, deberes que implicaban adoptar las medidas necesarias para la protección del interés superior del niño, el cual debe estar presente en toda actuación de este tipo”, afirmaron los denunciantes.
Y agregaron que “no se observa que en el expediente (de la tenencia) se haya ordenado la realización, por ejemplo, de un informe socioambiental, o se haya recabado la comparecencia de testigos como medidas básicas para determinar las condiciones de vida a las que se enfrentaba Lucio Dupuy a partir del cambio de residencia y cuidadores”.
