Enmarcado en un escándalo gremial con extrema violencia incluida y la consigna del menor costo político en materia represiva, el gobierno consiguió que la Cámara de Diputados aprobase por 23 votos a 20 una reforma tributaria que directamente le concierne a 1 de cada 10 santafesinos (indirectamente al resto que debe hacerse cargo del déficit de la Caja de jubilaciones). Guerra sin cuartel entre el Poder Ejecutivo la Corte Suprema de Justicia, y el ¿incierto? tratamiento de la reforma constitucional, los temas que siguen en agenda.
La Caja tiene nueva Ley en tiempo récord
En menos de tres meses desde que anunció la decisión política, Maximiliano Pullaro obtuvo del parlamento una profunda reforma del sistema previsional de los empleados públicos de la Provincia, sancionada dentro de un marco de extrema violencia exterior y agitación en el recinto de la Cámara de Diputados.
La reforma y emergencia previsional abarca al 12% de la población económicamente activa de la Provincia (la Caja de Jubilaciones tiene unos 200 mil aportantes de los tres poderes del Estado, más la mayoría de los empleados municipales, algunos colegios profesionales y docentes privados), o sea uno de cada nueve asalariados, cuentapropistas, independientes o empresarios; relación que se eleva a uno de cada cuatro en el Gran Santa Fe.
De esta manera en términos objetivos, al 90% de la población santafesina difícilmente le interese si los empleados públicos de ahora en más van a seguir jubilándose con el 82% móvil (hecho que no ocurre en las demás actividades) o menos como denunció la oposición en el recinto. O si los activos deberán aumentar el aporte a su Caja de jubilaciones pensiones y pensiones (del 14% al 15.5%) y los pasivos a partir del millón ciento sesenta mil pesos hacer un aporte solidario a la Caja hasta el 10 de diciembre del 2027.
Menos aún – salvo los familiares directos – si a los docentes y policías les cambiará la manera de jubilarse.
Microclima que el oficialismo socializa en la necesidad de que la población asuma que la reforma era imprescindible por el déficit de más de 400 mil millones de pesos que tendrá este año la Caja de jubilaciones, y que deberá ser solventado con los impuestos de todos los santafesinos; consigna negada por la oposición – y el gremialismo – quienes además advierten todo lo contrario: los juicios que perderá la Provincia por culpa de la reforma y que deberán pagar algún día los contribuyentes.
Control de daños
Para evitar desgastantes imágenes represivas por parte de Infantería que reproducirían todos los medios provinciales y nacionales, el gobierno y la presidencia de Diputados acordaron mantener a esa fuerza de choque a una prudente distancia de la manifestación frente a la legislatura, con el riesgo de que ocurriera lo que pasó: violentos infiltrados entre los simpatizantes de los sindicatos convocantes (AMSAFE, SADOP y FESTRAM) pusieron en peligro la integridad física de los policías que cuidan el palacio (hay siete heridos), personal legislativo, periodistas y legisladores, cuando lograron abrir la puerta principal de la legislatura ante la endeble resistencia interior del personal policial encargado de custodiar el edificio, quienes atinaron a defenderse con matafuegos hasta que llegó Infantería.
Hoy los perturbadores (se cree que barras bravas de clubes de fútbol rosarinos) están siendo buscados por la justicia, que además tratará de dilucidar quién los financió para que se movilicen hacia esta capital e intentar ingresar a la legislatura; mientras las fuerzas políticas de Unidos responsabilizaron, indirectamente, por los desmanes a los sindicaros convocantes antes mencionados, a quienes sindican de haber azuzado los ánimos militantes para interrumpir una democrática votación legislativa.
En síntesis: el control de daños políticos no arrojó un resultado desfavorable, en términos de opinión pública, para el gobierno.
Granata: la opositora
El tratamiento de la Ley de Reforma previsional encumbró a la Diputada Amalia Granata como definitiva opositora al gobierno de Maximiliano Pullaro.
Con sus particulares modos, al momento de la votación de la norma (cuando los revoltosos ya había logrado abrir la puerta principal del Parlamento y provocaban desmanes en el hall) la diputada se eyecto de la banca, y a grito pelado le solicitaba a la oposición que no voten la Ley, al punto tal de arrebatarle el micrófono a la Presidenta de la Cámara Clara García para que no siga enumerando los artículos que se estaban votando en medio del tumulto (los peronistas golpeaban las bancas con las palmas de la mano, y desde las barras militantes gremiales les arrojaban agua a los diputados).
Cuando se reanudó la sesión luego del cuarto intermedio Granata, aprovechando el marco de lo que se acababa de aprobar, pronunció un incendiario discurso en contra del Gobernador Pullaro; a la vez que sus diputados Emiliano Peralta y Silvia Malfesi dijeron que pedirán – esta semana- ante el fuero Contencioso Administrativo que se declare nula la sesión.
Una de las advertencias de Granata fue que no permitiría que la legislatura se transforme en una “escribanía” del Poder Ejecutivo; consigna que el desorientado peronismo repetiría en un posterior documento, mientras algún sector del Partido posteaba en X que Granata debiera ser la candidata peronista en las próximas elecciones.
¿Tan huérfano de representatividad está el Partido del General?.
Ahora: la Corte ¿y la reforma constitucional?
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia está compuesta por seis miembros: Rafael Gutiérrez (circunstancial presidente), Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuller, Daniel Erbetta y Mario Netri, quien ya anunció que a fines de octubre se retirará por razones de salud.
Quedará entonces una vacante que el Poder Ejecutivo no tiene pensado – por ahora – cubrir; es más: piensa en la ampliación del Tribunal y no necesariamente a través de una reforma constitucional.
En el interín comenzó la batalla mediática y política para que al menos cuatro de los cinco jueces supremos que quedarán abandonen sus poltronas antes de fin de año, en el convencimiento de que la sociedad necesita un servicio de justicia ágil, moderno eficiente, productivo.
“Hoy la justicia santafesina, cuya cabeza es la Corte Suprema, es cara e ineficiente y encima los jueces no pagan Ganancias, no aportan al IAPOS y sus sueldos son fijados por la Corte nacional”, sermonean desde la Casa Gris, mientras le reprochan a la Corte no haberle entregado un detallado informe sobre la “productividad” de los distintos fueros a sabiendas, sospechan, que quedarían expuestos por la falta de “empeño” de la justicia en relación con “lo que le cuesta a la gente” sostenerla.
Sottovoce desde el inasible Palacio de Tribunales – inclusive lo escribió un periodista rosarino en La Capital – se defienden acusando al gobierno de propiciar una nueva Corte ante los embates judiciales que sobrevendrán por la reforma previsional y de la Constitución.
El tiempo dirá quién tiene razón.
¿Y la reforma constitucional?
Cuando se aplaquen los ánimos de la reforma previsional (esta semana) ingresará a la legislatura el presupuesto 2025, y quizás comience el tratamiento en comisiones de los numerosos proyectos de reforma constitucional ingresados por mesa de movimiento de Diputados.
Intuimos que políticamente el oficialismo dejará pasar un tiempo antes de menear públicamente el tema, mientras elucubran de qué manera amortiguar el embate opositor sobre una reforma constitucional que será tildada de estar diseñada a medida de la reelección del gobernador de Maximiliano Pullaro, quien cada vez que se le pregunta dice que desde el Poder Ejecutivo no se impulsa la reforma constitucional, sin dejar de admitir que sería necesaria para incluir una serie de institutos necesarios para los tiempos que corren.
Simultáneamente el presupuesto 2025
Al momento de escribir estas líneas, desde el Ministerio de Economía esperaban ansiosos escuchar de boca del Presidente de la Nación Javier Milei los lineamientos del presupuesto nacional 2025 para terminar de elaborar el propio, que enviarán al Parlamento seguramente después del plazo constitucional de fines de setiembre
Por lo pronto, el titular de Obras Públicas Lisandro Enrico adelantó que desde su cartera se incluirán muchas obras de infraestructura vial (repavimentaciones, arreglos) y la novedad del “Plan 360” que será la construcción de rotondas en acceso a pueblos y ciudades (hay muy pocas, apenas 20 y se planea aumentar en 76 mas, algunas ya en construcción).
Enrico confirmó el puente Santa Fe – Santo Tomé, el tercer carril de autopista y avenida Jorge Newbery en Rosario. La tercer vía de comunicación para atravesar Reconquista – Avellaneda con un puente alternativo sobre la ruta 11; la culminación de la ruta 3 en Departamento Vera. Mientras que se construirá la nueva ruta 96 en Venado Tuerto hasta la ruta 14.
A todo lo cual hay que agregarle obras de agua y saneamiento en municipios y comunas que no son atendidos por ASSA, y la continuidad de planes de construcción de viviendas y el fortalecimiento del programa de créditos hipotecarios NIDO, a lo que se agregará la novedad de créditos para poder alquilar.
Defensa contra inundaciones, canalizaciones en el Sur y el Norte, Rosario (Cascada Saladillo), sin dejar de mencionar las obras de arquitectura en escuelas y hospitales completan el sucinto inventario.
El Ministro Enrico dejó en claro que la principal política del Ministerio es bajar los costos: licitar más barato y hacer competir a las empresas (se redujeron un 70% los costos hasta ahora) con medidas de transparencia interna en el Ministerio.
Seguramente Silvia Ciancio en Salud en su lucha – interministerial- contra el dengue (que desde fines del año pasado tuvo a mal traer a los santafesinos) con vacunación incluida y provisión de repelentes fabricados en el LIF, y Gustavo Puccini en Producción recontra satisfecho con los resultados del Rosario Business Forum y los planes de inversión industrial que asoman en el futuro mediato en el Gran Rosario (allende el RIGI) completarán el panorama del presupuesto 2025, año que asoma esperanzador para los gobernantes; pero más aún para la estragada sociedad.