El Bloque de Concejales del Frente de Todos impulsa una iniciativa que busca regular el funcionamiento de las empresas y el personal que presta servicios de seguridad privada.
El proyecto de Ordenanza prevé que las personas que se dediquen a prestar estos servicios deban realizar, de manera obligatoria, capacitaciones en violencia de género, tácticas disuasivas y protocoles de acción que tengan como fin último el cuidado de la integridad de las personas involucradas en los potenciales conflictos.
Por otro lado, no podrían ser personal de seguridad privada quienes posean condenas por delitos de violencia, debiendo presentar antecedentes penales, además de un informe psico-diagnóstico expedido por un profesional competente que despeje riesgos de conductas violentas o adictivas presentes. Asimismo, el personal de seguridad privada deberán estar debidamente identificados y no podrá utilizar ni portar armas de fuego, ni armas blancas ni las genéricamente denominadas armas disuasivas de tumultos o antitumultos.
La norma impulsada por Aquino, Ledesma y Volkart establece responsabilidad empresaria de los locales donde el personal preste servicio y determina un marco de sanciones que oscila entre los 100 y los 400 cánones y la clausura temporal o definitiva del lugar.
La iniciativa se enmarca en el debate sobre «nocturnidad» que se lleva adelante en el Concejo Municipal y se espera que pueda ser tratada prontamente a fin de lograr su sanción antes de fin de año.
