Por estas horas, casi todos los senadores que componen la Cámara alta de la Provincia están entre enfurecidos y desorientados por las actitudes del Poder Ejecutivo, que decidió darles batalla frontal a campo abierto en sus “dominios” territoriales.
Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe
Omar Perotti instruyó a sus funcionarios “caminarles” los distritos a todos (con excepción de los 4 “leales”) generándoles un vacío de poder casi herético. Solo les queda el recurso de la denuncia institucional por discriminación, que por lo visto no preocupa al Poder Ejecutivo, que está dispuesto a hacer uso – y abuso – de las herramientas que tiene a mano, comenzando por la presupuestaria. Para eso “ahorró” durante un año, acaparando cuanto recurso no haya sido indispensable para atender el Covid, cumpliendo a rajatabla con la máxima de Néstor Kirchner: “sin plata no se puede hacer política”.
Códigos rotos
En definitiva es la sempiterna lucha por el poder entre poderosos, que suele guardar ciertos códigos no escritos desde las campañas electorales que ni unos ni otros rompen. Hasta que se rompieron. Y estalló la guerra, cuyas derivaciones y consecuencias son impredecibles, aún más en el peronismo.
Como toda guerra ésta también tuvo una causa que la provocó, no importa si fue real o fingida. Para el Gobernador Perotti, el conflicto estalló cuando a semanas de asumir, los 19 senadores, sin excepción, le mostraron todo el esplendor de su poderío al votarle “el presupuesto de Lifschitz” para su primer año de gestión. “Ellos o yo”, habrá perjurado Perotti frente al espejo; peor aún si “ellos” fueron también los de su propio sector, y conformaran el núcleo de poder que lo invistió como Gobernador.
Sain: la figura clave
Cuando Perotti prometió en su discurso inaugural terminar con la “complicidad de las mafias con la política”, tal vez ahí comenzó a desentrañarse la “misteriosa” fortaleza que ostenta Marcelo Saín en el gobierno, quien a la sazón e insólita y convenientemente es empleado de dos poderes del Estado a la vez: el judicial -en uso de licencia- como nada menos que jefe del organismo de investigaciones del MPA (Ministerio Público de la Acusación), y en el ejecutivo como Ministro de Seguridad, con todo lo que ello implica en materia de inteligencia y operatividad.
Al poco tiempo Sain depositó, sin contemplaciones, en la figura incólume de los senadores, la idealización gubernamental de aquel 11 de diciembre del 2019 y estalló uno de los primeros conflictos institucionales de la gestión, que fue escalando en agresividad entre el impetuoso Ministro y los senadores mes a mes, aún en medio de la pandemia.
Traferri, el adversario interno a vencer
El eje ya había comenzado a correrse hacia quien desde la Casa Gris sindicaban como el líder de la insurrección interna que derramaba el mal ejemplo entre propios y extraños: Armando Traferri, quien terminó sobre finales de año con un pedido de desafuero.
Advertidos de lo que los senadores imaginaron era la utilización política de los dos cargos que ostenta Saín en dos poderes del Estado, un rato antes del pedido de desafuero a Traferri por parte de dos fiscales, todos los senadores votaron una Ley de incompatibilidad que le pegaba en el corazón al ministro Sain, cuyo veto el Gobernador aún no envió al Parlamento para ser tratado – y rechazado-.
Inmediatamente después del rechazado pedido de desafuero de Traferri, los senadores peronistas “desleales” (hacia la Casa Gris) y la oposición formal del radicalismo corporizaron en los fiscales del MPA los recelos por sospechas de veladas complicidades entre ellos y su ex – pero futuro compañero de oficina Marcelo Sain por el armado de causas o ralentización de otras.
El conflicto político institucional anunciado
Hasta que un día sucedió lo que tenía que suceder: los senadores, hartos de los agravios de Sain hacia sus investiduras, y la falta de respeto político territorial del Gobernador apretaron el acelerador a fondo, sancionando la creación de una comisión para investigar la conducta de los fiscales que, si bien podría ser justificada desde algunos tecnicismos, disparó un conflicto de poderes que amenazaba con una escalada institucional inimaginable, que obligó a poner el freno de mano. La comisión quedará en Standby.
Sin dejar pasar por alto otro incidente delicado y con futuras derivaciones políticas e institucionales, votado también por los senadores durante la última sesión: el pedido al juez Carlos Leiva para que archive un pedido de inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal, solicitado por dos fiscales luego del rechazo de desafuero a Traferri.
Oficialismo y oposición. ¿A todo o nada?
Los senadores radicales y aquellos peronistas enfrentados con la Casa Gris (cuyos “leales” se redujeron a solo cuatro sobre los 12 iniciales) deberían recalcular sus GPS emocionales, y redefinir estrategias y tácticas políticas si no quieren quedar atrapados definitivamente en la telaraña oficialista, cuyo entramado por lo visto será cada vez más denso.
