La diputada Lorena Ulieldín solicitó al Ejecutivo respuestas ante los fuertes incrementos registrados este año que superan en muchos casos el 100%.
Las diputadas y diputados del bloque Socialista advirtieron sobre el excesivo aumento del impuesto a la Patente Única sobre Vehículos en Santa Fe, que supera el 80 % en promedio, con incrementos que llegan al 200% y hasta el 400%, y reclamaron al gobierno provincial que disponga topes para morigerar el impacto que ocasiona en el bolsillo de santafesinas y santafesinos.
Mediante un pedido de informes impulsado por la legisladora Lorena Ulieldín (Socialistas – FPCyS), se requiere al Ejecutivo provincial que explique a la ciudadanía «los motivos desmedido aumento y cómo se realizó la valuación de los vehículos para la emisión de las cuotas correspondientes a 2021».
«Es un incremento que en la situación actual resulta totalmente irrazonable. Es lamentable que la provincia siga haciendo caja, en un contexto de marcada recesión económica e inflación creciente, en el que a muchísimas familias cada vez se les hace más difícil afrontar los elevados costos de vida y pierden poder adquisitivo», indicó la diputada.
En tanto, Ulieldín señaló que frente a los reclamos que se hicieron, «las explicaciones por parte del Administrador de API (Martín Avalos) no son precisas y ya se han recibido notificaciones con los aumentos que son más que excesivos». Puntualmente, la legisladora pidió al Ejecutivo provincial «que se fije un tope de aumento razonable, que no supere en un porcentaje que resulte excesivo el impuesto determinado para el periodo fiscal 2020».
«El gobierno de Perotti terminó el año 2020 con superávit y cerca de 60 mil millones de pesos en cuentas bancarias, mientras que la actividad económica cayó entre un 10% y un 12%, aumentó la desocupación y los salarios estuvieron casi congelados», insistió la diputada.
Ulieldín, quien fuera subadministradora provincial de Planificación y Coordinación Tributaria, recordó que en las gestiones del Frente Progresista, Cívico y Social siempre se buscó morigerar los incrementos en función de una armonización de las valuaciones.
«Cada año revisábamos los listados marcas y modelos y confeccionábamos una tabla de valuaciones sobre la que se fija la alícuota con el objetivo de establecer montos razonables de mercado. Ese trabajo que hacíamos con el compromiso y esfuerzo de los empleados de la API, pero que claramente es una decisión política, evidentemente se ha dejado de hacer y hoy estamos viendo las consecuencias», finalizó.