La iniciativa sintetiza proyectos presentados por Clara García, Gabriel Real y Rubén Giustiniani. «En momentos de emergencia como el que estamos atravesando, es cuando más debemos prestar atención a la transparencia en la gestión pública», afirman.
La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley para garantizar el derecho al libre acceso a la información pública y promover la transparencia activa en los órganos del Estado. La iniciativa sintetizó tres proyectos en el mismo sentido presentados por la legisladora Clara García (Socialistas-FPCYS) y los legisladores Gabriel Real (PDP-FPCYS) y Rubén Giustiniani (Igualdad).
La propuesta establece principios fundamentales en materia de transparencia, garantizando el derecho de todas las personas a solicitar, acceder y recibir información del Estado sin necesidad de precisar los motivos, y obliga a proporcionarla de forma gratuita y accesible. A su vez, exige al Estado que fije mecanismos de transparencia activa, esto es, publicar una serie de informaciones mínimas sobre temas trascendentes: normas, autoridades, remuneraciones, licitaciones, movimientos presupuestarios, auditorías, trámites, sentencias, entre otros. Asimismo, prevé dar mayor apertura a los procesos administrativos y brindar capacitación a quienes deben garantizar la información pública, incluyendo sanciones para quienes, teniendo la obligación, incumplan lo estipulado por la norma.
«La transparencia es siempre indispensable en la gestión pública, y más aún cuando en situaciones de emergencia como la que estamos atravesando, muchas compras y contrataciones se hacen de manera directa, o con procedimientos abreviados, sin licitaciones ni publicaciones en el boletín oficial. Hoy la tecnología permite acceder a información virtual, completa y detallada, dando aún más herramientas para hacer efectiva la transparencia», destacó la diputada Clara García.
Además de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, están incluidos los organismos o entes de la Administración Pública; las municipalidades, sus entes autárquicos o descentralizados y las comunas; la Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público; entes estatales autárquicos; empresas y sociedades del Estado, entre otras.
Gabriel Real (PDP), también integrante del Frente Progresista, Cívico y Social, se esperanzó en que el paso dado en la Cámara de Diputados y Diputadas al aprobar el proyecto signifique «avanzar definitivamente hacia la sanción en el Senado de esta ley que con la de hoy alcanza 8 medias sanciones de manera consecutiva». Y agregó: «El mundo hoy ya no discute el acceso a la información pública, sino que lo lleva adelante porque ofrece transparencia y claridad sobre los asuntos que involucran a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial».
Clara García, en tanto, recordó que el libre acceso a la información pública es «un derecho que debe consagrarse por ley, porque junto a la transparencia activa son garantías ciudadanas que se dan por sentado en las democracias modernas, que están fuera de discusión desde hace ya mucho tiempo. A mayor acceso a la información, mayor y más vibrante es la participación democrática».
«Cuando asumió el ex gobernador Hermes Binner –recordó la diputada–, dictó un decreto de acceso libre a la información pública que sólo obligaba al Ejecutivo, pero representó un primer paso y, sin dudas, marcó la dirección hacia la que se quería avanzar. Esperamos que esta vez podamos ir más allá y sancionar una ley para toda la administración y los poderes del Estado». En 2018, la Cámara de Diputados había dado media sanción a una ley en este sentido a partir de una iniciativa del ex gobernador Miguel Lifschitz, pero que no prosperó en el Senado y perdió estado parlamentario.
«Cuanto mayor y más detallada es la información, cuando la ciudadanía puede acceder de manera más ágil a los datos y hay mayor control, menores son las posibilidades de actos discrecionales, arbitrarios o de corrupción. Sabemos que hay una fuerte demanda social sobre la necesidad de transparentar la actividad pública. Entonces, además de dar esa respuesta, esta ley ayudará a promover la cercanía y la confianza entre ciudadanos y ciudadanas y quienes ejercemos cada uno de los cargos públicos», finalizó Clara García.
