El bloque mayoritario de la Cámara de Diputados llamó la atención que con el crédito disponible y un superávit de $6.800 millones a mayo no haya mayor acompañamiento a sectores afectados por la crisis generada por el aislamiento social obligatorio.
Diputados del Frente Progresista valoraron la visita del ministro de Economía, Walter Agosto, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero marcaron diferencias de enfoque a la vez que reclamaron datos y cuestionaron la falta de reclamo a la Nación para que cumpla con el fallo de la Corte Suprema y por la deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.
Tras el encuentro, el presidente de la comisión, Fabián Bastía (FPCyS-UCR), consideró “muy positiva la presencia del ministro Agosto así como el hecho de conocer los números de la provincia”, aunque señaló que “faltaron algunas respuestas más concretas”.
“Agosto no dio precisiones sobre cómo van a utilizar el crédito autorizado por las leyes de Necesidad Pública y de Emergencia por el Covid 19. Hasta el momento, han tomado crédito por unos $16.000 millones cuando la autorización es mucho mayor y muchos programas que hemos aprobado en la Legislatura tienen como fuente de financiamiento el endeudamiento que votamos”, señaló Bastía, y agregó: “El propio ministro reconoce que tienen un planteo conservador en el manejo de las finanzas públicas porque consideran que hay una gran incertidumbre hacia adelante con motivo de la pandemia”.
En la misma línea, Lorena Ulieldín (FPCyS-Socialistas) llamó la atención sobre el resultado del superávit de la provincia, que ascendió a $6.800 en mayo. “No entendemos por qué se priorizan los ingresos sobre los gastos y no se aplican a la asistencia productiva y social como lo está haciendo el gobierno nacional” en el marco de la pandemia y el impacto negativo de la cuarentena en la economía.
Ulieldín también cuestionó que el ministro no haya brindado precisiones sobre “si la provincia está reclamando los $100 mil millones que el gobierno nacional le debe a Santa Fe en concepto de coparticipación, tal como fue reconocido por la Corte Suprema de la Nación, y la deuda de $4.600 millones de la Anses con la Caja de Jubilaciones santafesina”, estos últimos en concepto de recursos que por ley deben ser girados periódicamente a los distritos que no transfirieron sus cajas.