Este es el comunicado que dio a conocer la Mesa Intersindical del Norte Santafesino en relación al caso VICENTIN SAIC:
“No todos somos Vicentin”
Desde la Intersindical del Norte Santafesino consideramos que la intervención de la Empresa Vicentín es una respuesta urgente por parte del Estado mediante la cual se antepone el interés social por sobre los intereses empresariales, el cual evade la total responsabilidad sobre:
– El pago a 3.000 productores perjudicados desde la declaración de “estrés financiero” en diciembre de 2019.
– El riesgo de perderse en el sistema productivo del país, no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera, sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica.
– La deuda contraída con el Banco Nación, la cual supera los 300 millones de dólares. Dicha responsabilidad no puede recaer en el trabajador, porque éste no fuga divisas, no tiene privilegios, ni estafa al país.
La expropiación indica un objetivo social y económico. Argentina tendría una empresa testigo en el mercado de granos y el cambiario como un área estratégica en un largo camino hacia la soberanía alimentaria, impidiendo que «las fuerzas del mercado» imperen en sentido contrario al interés del pueblo en un esfuerzo colectivo de construir un Estado capaz de garantizar a cada habitante el derecho a vivir dignamente.
La intervención, además, les pone un dique a los intentos de grandes cerealeras internacionales que ven en Vicentín la posibilidad de continuar con las acciones características del colonialismo extractivista.
En línea con entidades como FAA, Coninagro, organizaciones de la economía social, la Intersindical del Norte entiende que estas políticas impulsan acciones concretas para comenzar a desconcentrar el manejo de una actividad oligopólica en el país, dominante del mercado interno y causante de procesos inflacionarios en el marco de políticas neoliberales.
Cabe recordar que mientras esta Empresa crecía en complicidad con un Estado Terrorista (Dictadura Cívico-Militar 1976- 1983), entregándoles dirigentes sindicales al aparato represivo, la inmensa mayoría del pueblo padecía las prohibiciones más trágicas en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Estamos asistiendo a un momento de la historia del país y el mundo, en un contexto de crisis mundial, donde el rol del Estado como garante de derechos será clave. O profundizamos un Estado presente vinculado a los intereses del pueblo o volvemos a un Estado chico al servicio de una minoría y vinculado a los intereses de las grandes corporaciones económicas.