Varios Políticos e instituciones del país y de la provincia se expresaron en contra de la expropiación de Vicentín SAIC, por parte del gobierno nacional.
Centro Industrial y Comercial Avellaneda
Comunicado por intervención al Grupo Vicentín
Tras el anuncio de este lunes 8 de junio del Gobierno Nacional sobre la intervención por DNU e intento de expropiación a través de un proyecto de ley al Grupo Vicentín, en un proceso preventivo de crisis, el Centro Industrial y Comercial de Avellaneda expresa su preocupaci6n, y deja en claro que defiende fervientemente las empresas locales privadas, convencido de que estas son el motor productivo y econ6mico de la regi6n y el mundo.
Desde la institución, se considera que se trata de una medida arbitraria, puesto que se debería continuar las instancias de convocatoria de acreedores.
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Comunicado de la Sociedad Rural de Reconquista
No vinieron por Vicentin, no vinieron para proteger la producción.
Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia.
Hoy nuestra bandera a media asta simboliza la tristeza ante el entierro de los valores republicanos.
Hemos advertido sobre el uso del odio, y lamentablemente tuvimos razón.
No juzgamos conductas empresariales, para ellos está la justicia.
Desde el punto de vista ético juzgamos lo ilícito del accionar de un Poder que se atribuye la suma del poder público.
Una Nación que respete su Constitución Nacional es una República.
Avasallar la constitución es nuestra desintegración como Nación.
¡Hoy sentimos dolor de País !
Con nuestra República.
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Comunicado de CRA.
Con sorpresa, hemos asistido en el día de ayer al anuncio del Sr. Presidente del decreto de intervención de la empresa Vicentín y el próximo envío del proyecto de expropiación de dicha empresa, como resulta casi habitual, estos anuncios cargados de efusividades políticas, dejan muy poca información real, por ejemplo: ¿El Estado Nacional se hará cargo del pago de los créditos verificados en el proceso concursal, lo hará, por cuando, cómo y por qué monto?
¿Nacionalizará el Estado una deuda totalmente privada?
El concurso tiene un juez y un ámbito, este sistema de decisiones del Ejecutivo por encima del Judicial, ¿es el que viviremos a futuro?
¿Empresas endeudadas en concurso, empresas nacionalizadas?
¿Cuál es el resguardo institucional que tenemos los argentinos frente a decisiones políticas del Gobierno Nacional?
¿Quién responde a estas preguntas? El Sr. Presidente, el Ministro Kulfas o la senadora cuyas ideas fueron derrotadas electoralmente en Mendoza y ahora luce como protagonista de esta medida?
Las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas, tienen a la justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas, pero si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de Poderes.
La expropiación la debe determinar el Congreso de la Nación y lo vemos con preocupación porque vemos que hay una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos.
Cuando el Estado ha administrado en el sector privado no ha sido eficiente. No creemos que la expropiación sea la única herramienta.
Solo después de restaurar la institucionalidad se podrá discutir la política comercial de los granos.
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Amalia Granata: la intervención de Vicentín es un abuso de poder y otra muestra de la deriva populista del gobierno de Alberto y Cristina Fernández.
La Diputada Provincial Amalia Granata se pronunció respecto de la intervención y potencial expropiación a la empresa Vicentin S.A.I.C, e instó al Gobernador Perotti a que fije una posición sólida para así defender los intereses de la Provincia de Santa Fe como acreedora.
“Las determinaciones tomadas por el Ejecutivo Nacional llevarán a que indirectamente, los argentinos terminen pagando la millonaria deuda. La decisión del Presidente Alberto Fernández, de intervenir de manera transitoria la firma VICENTIN S.A.I.C., una de las principales empresas del país y que da empleo a casi 5.000 trabajadores de manera directa en Santa Fe, es lisa y llanamente un ejercicio abusivo del poder político y una extralimitación de las facultades del presidente. No corresponde al Poder Ejecutivo tomar intervención en un concurso preventivo que tramita por los carriles judiciales habituales”, disparó la Presidenta del Bloque SOMOS VIDA.
“Está claro que nadie puede oponerse al concepto de soberanía y aún menos si se trata de asegurar un derecho como el alimentario”, sentenció Amalia Granata, y agregó, “utilizar esto como slogan significará que todos los argentinos que abonamos los impuestos vamos a tener que responder por una deuda millonaria de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE DOLARES o más, dado que hay un Juez de Concurso trabajando en la causa”.
Si la intención del ejecutivo es velar por los puestos de trabajo y por el patrimonio de la empresa, la ley de Concursos y Quiebras ya prevé un mecanismo para ello, pues se encuentra trabajando una Sindicatura plural, a cargo de tres contadores públicos, y un comité de control de actuaciones, formado por los cuatro (4) principales acreedores de la firma (entre los que ya está el Banco de la Nación Argentina) y por tres (3) acreedores laborales, que representan al resto de los trabajadores. Por lo que no existe justificativo para que el Presidente decida nombrar un interventor del estado, siquiera de manera transitoria”, explicó la legisladora santafesina.