A través de una nota enviada a los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, organizaciones sociambientales nucleadas en el colectivo “Dos orillas” manifestaron preocupación y pidieron acciones ante los impactos sociales y ecosistémicos de la bajante extraordinaria del río Paraná.
Entre otras cuestiones, exigieron políticas públicas inmediatas y mancomunadas para salvaguardar los bienes naturales y las comunidades y habitantes que viven y desarrollan sus economías en las regiones afectadas.
Con la apertura de la represa hidroeléctrica Itaipú, ubicada entre Brasil y Paraguay, se espera que en los próximos días llegue el alivio a la sequía que afecta al río Paraná. Sin embargo, mientras tanto, la bajante sigue pronunciándose y este jueves, según datos de Prefectura el río llegó a la altura de Rosario a 8 centímetros.
“Teniendo en cuenta que la Cuenca del Plata es una de las más importantes del mundo no sólo por su extensión geográfica sino también por el caudal de sus ríos Paraná y Uruguay, que confluyen en el río de La Plata, y que alberga uno de los sistemas de humedales fluviales más extensos del mundo, entendemos que son necesarias acciones mancomunadas que impliquen protección de los ecosistemas que se ven amenazados y afectados”, manifestaron desde el colectivo que reúne a organizaciones, vecinos y vecinas de las costas de las provincias de Entre Ríos, de Santa Fe y Corrientes.
En un comunicado que difundió ayer el Taller Ecologista -firmado con una veintena de organizaciones-, indica que “es fundamental el control de ciertas actividades antrópicas tanto productivas como industriales para que la situación de especies y áreas naturales no resulte más grave”.
Además, recordaron que «en el marco de la bajante de los ríos Paraná y Uruguay, de carácter extraordinaria no sólo por la altura que presentan sino también por la sostenibilidad y continuidad de este fenómeno, cada administración provincial es responsable de los recursos naturales originarios de las provincias, según la Constitucional Nacional (artículo 124)».
Y que «como garante del goce de derechos al ambiente sano y a la salud de la población, debe apuntar a salvaguardar los bienes naturales, comunidades y habitantes que viven y desarrollan sus economías a partir de ellos; al igual que su salud y su bienestar”.
Entre los principales reclamos solicitaron, que se convoque a especialistas para evaluar el estado de las poblaciones ícticas y disponga una veda pesquera interprovincial.
Que desarrolle controles estrictos a las industrias frigoríficas pesquera. También, en consonancia a lo decidido en las provincias de Chaco, Misiones y Corrientes, que otorguen -en acuerdo con las organizaciones de pescadores- un subsidio que asegure el sostenimiento de pescadores y sus familias, por el período de la veda.
Además, pidieron que se realcen los controles de caza y tráfico de fauna silvestre de especies autóctonas que hayan tenido que migrar hacia otras zonas por falta de hábitat, alimento y agua. Y, controles a industrias y actividades que vuelquen sus efluentes en arroyos y lagunas y en el río Paraná, determinando sanciones.
Otro de los puntos sobresalientes de la nota enviada a Omar Perotti y Gustavo Bordet refiere a los controles de impactos ambientales producto de mayores dragados en zonas portuarias, así como en torno a la construcción de terraplenes y la generación de incendios, principalmente, en el área de Paraná Medio y Delta del Paraná.
