Por: Ríos Sanos (*)
Dos factores contribuyen a mantener pescadores pobres y exportadores millonarios: crear marco legal a nivel estatal y provincial, e invisibilizar el problema del trabajador, cuya mano de obra sigue siendo explotada en su campo de trabajo, y usada como ariete de presión política ante cualquier intento de modificar el estado de cosas.
En el programa “Equipo de Investigación” de Antena 3 (España), un policía español que detuvo a un importante compatriota narco que operaba entre la España y Miami, explicó cómo llegó a capturarlo: “antes seguíamos la droga y siempre llegábamos a los pequeños traficantes. Ahora seguimos la ruta del dinero, que tiene un solo flujo, siempre hacia arriba, siempre va a los peces gordos”.
La ruta del dinero de las pesquerías continentales es un constante flujo de dinero hacia 17 empresas exportadoras que se llevan la parte del león, perpetuando las condiciones de trabajo mal pago, sin relación de dependencia, ni cobertura médica (algo que se agrava en tiempos de pandemia), para los trabajadores clave en esta industria: los pescadores. Y lo que es peor, obligándoles a cavar su propia tumba al agotar los recursos de un río que cuenta por estos días con sus peces en estado vulnerable, fruto de una bajante histórica que solo Santa Fe y Entre Ríos insisten en negar mediante funcionarios del Ministerio de la Producción que entienden que “el recurso es sustentable”, porque “estamos pescando menos que en el primer trimestre del año pasado”.
Esto avala escenas atroces que han circulado por redes sociales estos días: redes llenas de sábalos –objetivo central de la pesquería comercial- pero también dorados, surubíes y otras especies de alto valor deportivo y situación crítica a nivel poblacional (una hembra de surubí recién alcanza su madurez reproductiva a los 6 años, por lo que muchos ejemplares mueren antes de haber perpetuado su descendencia). Y todo en un tiempo en donde el pescador “artesanal” debería guardar cuarentena como cualquier trabajador argentino en tiempos de pandemia, y en donde un recurso en estado vulnerable debería ser protegido de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Ambiente (Nro 26675) que expresa en su principio de sustentabilidad que “el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras”.
La realidad indica que hoy, en un plato de sopa cada vez más vacío, a los “artesanales” se les hace fácil pescar los “fideítos” que van quedando en el fondo del plato. Pero más allá de las condiciones de trabajo en que desarrollan la actividad sus protagonistas, lo central de la cuestión de exportar pescado de río es que este negocio utiliza en beneficio de unas pocas manos privadas un recurso que de todos los argentinos, expoliando de sus tesoros genéticos a una cuenca que abarca sectores de 12 provincias y 4000 km de cauces. “Más del 90% de la pesquería continental proviene de esta cuenca”, admite el Ministerio de Agroindustria (Informe CPCRVM N°3).
En términos generales pueden distinguirse tres tipos de pesquerías: a) de subsistencia, b) comercial y c) deportiva. Las dos primeras son ejercidas por “pescadores artesanales” para quienes la pesca no sólo proporciona su alimentación y fuente de trabajo, sino su forma de vida y cultura comunitaria; mientras que la última está asociada a la recreación y al turismo.
Hoy por hoy, mientras la pesca deportiva –que puede manejarse de modo sustentable incentivando a una pesca con devolución- está suspendida en ambas provincias, mientras que la comercial o “artesanal” no solo está permitida sino que los mecanismos de control del furtivismo son extremadamente insuficientes o han sido prácticamente desarticulados, como resultante de lo cual los 800 km de río Paraná compartido entre ambas provincias son “tierra de nadie”.
LOS NÚMEROS DEL LATROCINIO
Hijos de una cultura guaranítica que lleva años viviendo de un río que siempre les dio su pan, hay generaciones de isleños que siempre han encontrado en el río una salida que les permitiera, al menos, llevar proteína de alta calidad a su mesa. Estas líneas no van contra ellos; por el contrario, creemos que los pescadores locales pueden abastecer a economías regionales con peces de río que incluso permitan sumar un atractivo gastronómico al turismo. La diferencia la marca el hecho de que hace 26 años que Argentina se ha convertido en uno de los pocos países que exporta pescado de río a más de 20 países. Esto transformó una ecuación de “calidad de piezas” en una de “cantidad de piezas”, privilegiando el volumen sobre el tamaño. Así las cosas, el pescador, exigido a cumplir con cantidades, reduce las mallas, mata sábalos que no tienen los 42 cm ideales que deberían tener para sustentar una reproducción saludable, y hoy por hoy se permite el sacrificio de un sábalo de 32 cm que altera el desarrollo normal de cualquier especie, donde los mejores ejemplares son los que deben perpetuarse.
La exportación de pescado de Río empezó en 1994. Entre 2007 y 2020, según datos de 2020, con la sistematización de los datos, se calcularon 230.003 toneladas exportadas. Antes de la digitalización, de 1994 a 2006, recurriendo a las guías de Senasa que cuantificaban la exportación, se contabilizaron 308.393 toneladas exportadas (no figura el precio de la tonelada). Esto da un total, de 583.396 toneladas de pescados, es decir unos 538.000.000 kilos de pescado promediando cada pieza en 1 kilo. La tonelada promedio podemos tomarla en U$s 1.117 (a veces fue más, otras menos, por eso el promedio). Suponiendo que exportamos peces de 2 kilos da 269.000.000 kilos de sábalo. Hoy al pescador le pagan U$s 0,30 por pieza al precio actual, por lo cual si lo multiplicamos por el valor de kilos de las piezas extraídas (269.000.000) nos da U$s 80 millones destinados al jornal de los hombre que tiran las redes.
Con un precio de la tonelada promedio (U$s 1.117), la suma de la comercialización durante 26 años da U$s 601.388.000. Y si a eso le restamos lo que se le pagó a los pescadores durante este cuarto de siglo (U$s 80 millones), nos da un neto de U$s 520.629.000, de los cuales el Estado extrae solo un 5% de retenciones. Ese es el monto (U$s 520.629.000) que se repartió en una docena de manos (hoy el número es de 17 empresas), con la complicidad del Estado Nacional y las provincias, mediante cupos que el Estado hoy les entrega a los propios frigoríficos y no a las provincias (como se hacía antes) que deberían tutelar sus recursos.
¿Por qué la exportación es la clave de la explotación del río (y los pescadores)?. Veamos datos de 2016 del Ministerio de Agroindustria: De las 31.659 toneladas anuales comercializadas por Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, el 74% fue para la exportación y el 26% al mercado interno. El desglose indica que el 51% de esas toneladas lo aportan las empresas radicadas en Entre Ríos, el 42% las de la provincia de Santa Fe y el 7% las pertenecientes a Buenos Aires. Está claro porqué casualmente esas provincias son las que se oponen a parar la exportación aún en tiempos de sequía extrema y pandemia.
Este regalo es prácticamente a cambio de nada. Ni el Estado ni las provincias exigen empleos en blanco a los pescadores (sí a los frigoríficos). Ni se toma una parte de esa producción para alimentar comedores escolares o de ancianos (con hamburguesas de pescado, por ejemplo), ni se destina parte de esas ganancias a estimular producciones que agreguen valor y no depreden el río, a través de la acuicultura intensiva. El río paga. Pero el río se está agotando. Y no le dan tregua ni aunque se vaya secando.
PERPETUAR LA POBREZA DEL PESCADOR
Dos factores contribuyen a mantener pescadores pobres y exportadores millonarios: crear marco legal a nivel estatal y provincial, e invisibilizar el problema del trabajador, cuya mano de obra sigue siendo explotada en su campo de trabajo, y usada como ariete de presión política ante cualquier intento de modificar el estado de cosas.
Recientemente, un puntero de los “artesanales” le reclamaba a un político tras un operativo en donde se les secuestraron redes: “bajen un cambio, le voy a llenar el Municipio de pescadores no los voy a dejar ingresar al puerto. Déjense de joder, preocúpense por lo que se tienen que preocupar… ¿O se olvidaron de la gente que los votó?”. Y en el mismo tono amenazante, cuestionando un procedimiento de Los Pumas, pide “¡Que nos informen a los pescadores que van a hacer los procedimientos!. Porque esta gente no tiene nada para comer y vive de los recursos y no le toca el timbre al intendente. ¿Querés que mandemos a la gente a robar?. ¡Hagan políticas de Estado!. Porque sin la gente que los vota ustedes no llegarían adonde están sentados”.
Políticas de estado, pide el hombre. La vocera del Ministro de la Producción de Santa Fe, Eliana Eberle, en un reportaje radial dijo que teníamos 5.000 pescadores solo en Santa Fe. Pero vamos a ser generosos y supongamos que esa cifra de “artesanales” la repartimos entre Santa Fe y Entre Ríos. Si repartimos los 84 millones de dólares que le pagaron como costo a los pescadores por la extracción de pescado de río en estos 26 años nos da U$s 16.800 para cada pescador por todo el período, es decir, U$s 646 por pescador por año. Sin dudas un salario de miseria que no alcanza para cubrir las necesidades mínimas, ni siquiera los costos de la producción pesquera.
Entonces, o los volúmenes de exportación se manipularon y el negocio es mayor de lo que se declara, o se redujeron el tamaño de piezas, permitiendo exportar peces, por ejemplo de un kilo, haciendo “crecer el negocio”. Si esos U$s 0,30 por pieza que le pagan al pescador se multiplican por dos permitiéndole pescar el doble de unidades (incluyendo pescados de tamaños menores), los $646 anuales que cobra el pescador podrían irse al doble. ¿Soluciona su problema? Claramente no, apenas daría para un salario mínimo en el mejor de los casos, pero a costa de que río está siendo dañado gravemente extrayendo peces que no han cumplido su ciclo perpetuando la especie.
En conclusión, el negocio millonario de la exportación de pescado de río solo sirve para enriquecer pocos bolsillos con importante peso político a niveles provincial y nacional, y perpetuar la pobreza del pescador comercial o artesanal, que rara vez asciende en la escala social, ofreciendo a sus hijos su mismo destino de manos agrietadas y arrugas prematuras bajo el sol litoraleño. Negocio que se va complicando con un río que cada vez resiste menos una presión creciente para abastecer una demanda infinita de toneladas de pescado, y que empuja a los trabajadores a buscar compensar con tallas menores que amenazan el recurso, el volumen solicitado para lograr un salario de miseria. Y lo de “salario” puesto entre comillas, dado que el mecanismo perverso de explotación humana no contemplas darles a estas personas que enriquecen un negocio privado, una relación de dependencia y todo lo que ello implica: aguinaldo, obra social para su núcleo familiar, posibilidad de sindicalización, etc. Muy por el contrario, la provincia (con $20000) y el Estado Nacional (con subsidios de $10000) son quienes se encargan de subvencionar a los “artesanales” cuando no pueden pescar (como ocurre en estos momentos en Corrientes y Chaco). Y todo sin dejarle a las provincias ni siquiera un saldo social favorable en términos de kilos de pescado para asistencialismo.
Como dijimos al inicio, seguir la ruta del dinero (y sin suponer hechos de corrupción), ya nos muestra un cuadro altamente desbalanceado con pocos ganadores claros y muchos perdedores a perpetuidad. En suma, como cantaba don Atahualpa, “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”. Y de no mediar un cambio radical, el único que dirá basta a este atropello es un río que diga “basta” cuando esté muerto.
(*) Agrupación integrada por ciudadanos comprometidos con causas socioambientales, pescadores deportivos, guías de pesca, comunicadores y empresarios de la pesca deportiva.
Recuadro
ZONA LIBERADA
Tanto Santa Fe como Entre Ríos le impiden hoy a 125 mil pescadores deportivos (entre autóctonos y los visitantes que se movilizan por turismo de pesca deportiva) practicar su actividad por el Asilamiento Preventivo y Obligatorio. Tomando solo Santa Fe, si los pescadores deportivos pagasen lo que hoy está estipulado, que son $ 750 pesos por permiso de pesca, esa provincia recaudaría $ 93.750.000 de pesos. Cabe recordar en este punto que los fondos de Fauna sólo se debería utilizar, por ley, para fiscalización (insumos etc) marketing (folletería, etc) capacitaciones (cursos, etc), de modo tal que el recurso –bien implementado-, está, ya que no sale de las provincias, echando por tierra la queja de “no tener plata” para cuidar las aguas que esgrimen desde al ámbito político.
Si la provincia se decidiera a pagar un sueldo de 40 mil pesos, habría capacidad para pagar 200 inspectores por mes de guardafaunas, sin contar lo que recibirían por fiscalización y por otros impuestos menores. En cambio, Santa Fe tiene solo 4 inspectores de planta permanente, que no tienen movilidad terrestre y sí tenían cuatro lanchas. Tenían… porque una de esas embarcaciones se pasó al área de Turismo, otra no se sabe dónde está y otras dos nuevas (de 2018), están arruinados en Granja La Esmeralda: a uno le robaron el motor y la otra descansa bajo una lona.
Entre Ríos no está mucho mejor. Tiene entre 12 y 15 inspectores… ¡abocados a controlar precios cuidados!. No tienen ni movilidad terrestre ni acuática. De este modo, no se ven herramientas de control, pese a que sus funcionarios insisten en la “necesidad de reforzar controles” en sus declaraciones públicas. El pescador deportivo, fiscal permanente de estos atropellos, no sabe dónde llamar para denunciar, y muchas veces Prefectura o Gendarmería encuentran impedimentos legales para ir a fiscalizar en determinadas zonas.
Así las cosas, más allá de las dudosas cifras que se esgrimen desde la pesca legal y autorizada, la falta de controles numerosos y efectivos a lo largo de 800 km de río compartido entre Santa Fe y Entre Ríos hace que la situación del río se agrave por el furtivismo de particulares que desafiando cuarentenas y disposiciones legales, hacen también su cuantiosa pesca ilegal, para comercializar en circuitos clandestinos, sin controles bromatológicos ni impositivos de ninguna índole.
Mientras tanto, en conferencias de prensa y reuniones varias, los políticos a cargo de los Ministerios de Producción de ambas provincias siguen hablando de “un recurso sustentable” y de la necesidad de “intensificar controles de fiscalización”. En suma, hacer que hacemos, con algún operativo aquí y otro por allá, para no hacer nada que ataque el problema de fondo: la exportación de pescado de río está matando el recurso.
