Tras los motines en las Unidades Penitenciarias de Coronda y Las Flores que dejaron un saldo de por ahora cinco muertos (uno en Coronda y cuatro en Las Flores) la cárcel de Las Flores destruida, según las autoridades “en un 70 por ciento”, nuestro Diario pudo reconstruir el accionar del gobierno para recuperar el orden en ambos presidios, a través de las áreas de Seguridad y Justicia, a cargo de Marcelo Saín y Gabriel Somaglia.
Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe
En principio, el Ministro de Seguridad Marcelo Saín tuvo un encontronazo con el Fiscal Regional Carlos Arietti antes de comenzar la intervención en la cárcel de Coronda, toda vez que el funcionario le solicitaba al jefe de los fiscales autorización para ingresar con las fuerzas policiales de élite (TOE, GOE) mientras que Arietti le respondía que no era necesaria la actuación de ningún juez ni fiscal, y que eso lo debía resolver “per se” el propio Ministro y la policía en el lugar y ante el devenir de los hechos.
En Coronda ingresó primero el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciario, tras lo cual el Ministerio de Seguridad arribó con 50 efectivos de las TOE para devolver el orden, no sin que antes personal de la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios conversara con los delegados de los tres pabellones amotinados – unas 300 personas – para escuchar sus requerimientos, según detalló el titular del área Walter Gálvez, quien precisó que los sediciosos resolvieron deponer su actitud y volver a las celdas.
Cabe señalar que antes del diálogo con las autoridades, los amotinados en Coronda destruyeron instalaciones del penal, tales como los sectores del IAPIP (Instituto de Industrias Penitenciarias)destinados a carpintería, herrería, donde inclusive estaban reacondicionando camas para los hospitales, y básicamente la sastrería donde se confeccionaban unos diez mil barbijos; “todo se perdió”, relató Walter Gálvez.
Una vez recuperada la calma en Coronda, ya entrada la noche, el Ministro de Seguridad y los grupos especiales de la policía se dirigieron a la cárcel de Las Flores, donde se desarrollaba el principal foco de insurrección carcelaria (que había comenzado simultáneamente con Coronda), debido a que estaban los seis pabellones tomados por los presos. Allí Saín arribó junto al GOE (Grupo de Operaciones Especiales) y las TOE (Tropas de Operaciones Especiales) para dar comienzo a intensas deliberaciones operacionales y políticas entre jefes policiales y autoridades de los ministerios de Gobierno y Seguridad sobre la estrategia que terminaría con el asalto policial en el penal en horas de la madrugada.
Finalmente cerca de las tres de la mañana, las fuerzas especiales irrumpieron en el ya destrozado penal, y prácticamente no encontraron resistencia de los amotinados ante el despliegue táctico que habían diseñado en conjunto operativamente los mandos de las TOE y políticamente el Ministro de Seguridad, avalado por otros funcionarios del gobierno.
Mientras las GOE y las TOE actuaban en el interior del presidio, las PAT (Policía de Acción Táctica) y otras unidades policiales invadieron los jardines que rodean los pabellones, ya que las autoridades pensaban que los presos resistirían, cosa que no ocurrió; “cuando comenzó el operativo (los presos) se fueron metiendo solos en las jaulas”, relató un testigo.
La decisión de irrumpir fue tomada por el Secretario de Justicia Gabriel Somaglia y el Ministro de Seguridad Marcelo Saín. Momentos antes, el Gobernador Omar Perotti había intentado negociar junto con gente de derechos humanos y algún delegado de los detenidos-amotinados del pabellón tres donde empezó el motín, pero a eso de la una de la mañana ante la cerrazón de los insurrectos que ya no podían dar marcha atrás porque sino “se los llevaban puestos el resto”, el Gobernador dio la orden a la policía para actuar.
Al día siguiente, la Defensora Pública Jaquelina Balangione hizo notar que ellos habían advertido desde hacía varios días que podían amotinarse los presos, inquietos ante los reclamos de medidas sanitarias por un lado, la restricción de ingreso de los “paquetes” con víveres que les envían los familiares por otro; y de paso – esto agregamos nosotros – la posibilidad, porque no, de fugarse.
Un dato peligrosamente inquietante: hay 600 personas detenidas en comisarías de toda la Provincia esperando ser juzgadas; sólo en la cárcel de Las Flores hay 800 detenidos a la espera de sentencias. Y el coronavirus avanza amenazante.
