Omar Perotti llegó a la Casa Gris el pasado 11 de diciembre tras haberse impuesto electoralmente gracias a un discurso cargado de promesas progresistas, y de la mano de un nuevo presidente que, a fuerza de sufragios, puso fin a un ciclo de 4 años de deterioro económico y social.
Sin embargo, una vez instalado ya en la primera magistratura provincial, comenzó a desempeñarse y a desenvolverse dentro de su ya conocida tendencia ideológica neoliberal, y en sentido contrario a cualquier vestigio de beneficio popular.
Una de sus primeras señales fueron las de los masivos vetos a leyes votadas por el Congreso y no reglamentadas hasta ese momento, entre ellas, la que garantizaba la enseñanza de música y danza folclórica, impulsada ni más ni menos por quien es su actual Secretaria de Deportes, Claudia Giaccone, funcionaria que llamativamente no alzó su voz ante tan unilateral determinación.
Ya promediando el mes de enero asestó su primer e importante detrimento en contra de los clubes de fútbol amateur cuando, en una decisión conjunta a su Ministro de Seguridad Marcelo Saín, incrementó de manera astronómica los honorarios de los adicionales policiales; una justa reivindicación laboral que no fue acompañada por ningún esfuerzo gubernamental, y que puso en jaque a las economías de las instituciones que apuestan al fútbol federado no profesional.
No obstante a todo lo relatado, el impacto letal se produjo sobre el final de la pasada semana cuando, a través de una circular, se decidió prohibir terminantemente a las entidades que no persiguen fines de lucro, a realizar beneficios tales como rifas, tómbolas o venta de comidas de cualquier tipo; actividades colaborativas y solidarias que constituyen prácticamente el único sostén con el que cuentan este tipo de organizaciones civiles.
Dicho golpe no solamente afectará severamente a las instituciones deportivas, sino que además privará a la mayoría de los establecimientos de orden educativo de poder contar con una herramienta que es menester para poder sustentarse.
Es cierto que las actividades que no estén reguladas deben ser instadas para que se encuadren dentro de un marco legal, el problema es que ni siquiera les están permitiendo regularizar sus correspondientes situaciones mientras continúan funcionando, algo que sin dudas pondrá a los centros deportivos y recreativos al borde de la desaparición.
Todas estas lineas de acción llegan emanadas por parte de un gobierno que se dice preocupado por la inseguridad y la adicción de los jóvenes, pero que desconoce o, lo que es peor, es dueño de una abrumadora insensibilidad que provoca que no le importe en lo más mínimo conservar los mejores sitios de resguardo que los chicos pueden acceder, dentro de un sitio geográficamente postergado y olvidado como es el norte santafesino.
Gentileza: Roberto Suarez – el preliminar radio