Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe
Una vez más, el Ministro de Gestión Pública Rubén Michlig presagió la venida de las Siete Plagas de Egipto si no se aprueba en la legislatura la Ley de Estado de Necesidad Pública que el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Parlamento: «sin la ley de emergencia habrá severas dificultades en Santa Fe», pronostica. (Adviértase que el funcionario no anda con eufemísticas “Necesidades Públicas”, va al grano: emergencias)
“Sin estas herramientas no se podrá reactivar la obra pública, ni implementar el boleto educativo, además de demorar mejoras en equipamiento en salud y seguridad” afirmó Michlig, quien pone como estandarte la “acuciante necesidad que tenemos para mejorar la situación financiera de la provincia y de los municipios y comunas”.
Tal como señaláramos, el FPCyS encargó diversos análisis minuciosos de la Ley de Estado de Necesidad, a los fines de detectar, ya no la “letra chica”, sino la “letra invisible”, tal como lo definiera uno de los asesores en la materia. De esta manera, se concluyó que “hay artículos cuya significación va más allá de una autorización a realizar acciones concretas en el marco de los asuntos de la ley, sino que habilitarían acciones no explicitadas, lo cual implicaría una especie de autorización legislativa abierta”, asevera uno de los consultores.
Y es así como analizado microscópicamente el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, los legisladores del Frente cayeron en la cuenta que las sospechas eran fundadas: el Gobernador Perotti solicita “súper poderes” para gobernar; y de acuerdo con lo visto y oído, cayeron en la cuenta que al menos 11 artículos deberán ser lisa y llanamente excluidos.
El problema radica en que la norma fue elaborada por expertos en administración financiera, y concatena artículos que, de ser suprimidos, generarían un efecto dominó sobre el resto de la ley. Por lo cual pone a los legisladores opositores en la disyuntiva de: rechazarla “in limine” cómo hiciera el pasado 30 de diciembre con la misma versión; ó enviarla a Comisiones y mutarla por un conjunto de leyes específicas para cada sector en “emergencia”.
De esta manera, no volvería al Senado un texto revisado por Diputados, sino varias leyes nuevas, evitándose de esa manera que los senadores apliquen la mayoría de los dos tercios para imponer el mensaje original.
Pero esta determinación choca con un inconveniente: al estar en período extraordinario de sesiones, el parlamento no puede proponer leyes nuevas, solo tratar lo que envía el Poder Ejecutivo. Y las sesiones ordinarias comienzan recién en mayo: una eternidad.
Sería tedioso para el lector, aun para los más experimentados en cuestiones públicas, detallar las “facultades delegadas” que figuran en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el análisis realizado por los técnicos – y los propios legisladores expertos – opositores; pero la sola lectura coloquial de las mismas invita a inquietarse. Y adelanta un debate por demás áspero.