Se trata del jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes, Delfino Andrés Scarel, y del jefe de la Zona 1 Reconquista, Osvaldo Sánchez. La pena es a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. El fiscal que investigó el caso es Rubén Martínez.
El Tribunal de Segunda Instancia de Vera confirmó la condena impuesta a dos funcionarios de la delegación Reconquista de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) como autores de una maniobra delictiva por la cual se usaron fondos públicos para comprar combustible al que no se le daba el destino que correspondía.
Los camaristas José Antonio Mántaras, Eduardo Alberto Bernacchia y Roberto Oscar Reyes ratificaron la condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo impuesta en 2017 al jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes de la DPV (Zona 1 Reconquista), Delfino Andrés Scarel, y al jefe de la Zona 1 Reconquista de la DPV, Osvaldo Sánchez.
La condena de primera instancia había sido impuesta por el juez Mauricio Martelossi en el marco de un juicio oral y público realizado en los tribunales de Reconquista en junio de 2017. En aquella oportunidad, el magistrado también resolvió condenarlos a inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
El fiscal que investigó los ilícitos fue Rubén Martínez, quien también representó al MPA en el debate oral de primera instancia y en la apelación de segunda instancia.
Fraude
La condena impuesta a Scarel (de 67 años) que ahora fue confirmada en segunda instancia fue por ser coautor del delito de fraude a la administración pública; y como autor de los delitos de falsificación de documento; falsificación ideológica de documento; y uso de documento falso o adulterado; todo en concurso ideal. Sánchez (de 60 años), por su parte, fue condenado como coautor del delito de fraude a la administración pública; y autor de los delitos de uso de documento falso o adulterado e incumplimiento de los deberes de funcionario público; todo en concurso ideal.
La sentencia del tribunal de segunda instancia también confirmó la absolución que se había ordenado para un hombre de 61 años identificado como Aldo Juan Daniel Mian. Se trata de un delegado gremial a quien el fiscal había imputado como autor de encubrimiento de los delitos cometidos por los dos funcionarios de la DPV. También se le había atribuido haber coaccionado al padre del empleado que hizo la denuncia que motivó la investigación.
Corrupción
“Estamos ante un caso de corrupción, de ahí la importancia que tienen tanto la condena en primera instancia como esta confirmación en segunda instancia”, sostuvo el fiscal Martínez. “Si bien los camaristas rechazaron nuestras pretenciones en cuanto al monto de la pena, resolvieron confirmar los tres años de condena impuestos a cada uno de los condenados”, agregó.
La investigación del caso fue iniciada por Martínez a raíz de una denuncia realizada el 6 de abril de 2015 por Javier Ruiz Díaz –también empleado de DVP– en la Unidad Fiscal Reconquista. “De las pruebas contables llevadas a cabo, se pudo establecer que se usaron fondos públicos para pagar combustibles que nunca llegaba a los campamentos de Vialidad. Se le daba otro destino, pero el pago se hacía con partidas asignadas a Vialidad”, detalló el fiscal.
El fiscal del MPA también señaló que «ante el conocimiento de que su maniobra había sido descubierta, Scarel compró 1.300 litros de gas oil (la misma cantidad que la indicada en tres vales adulterados) con dinero propio y lo envió a los campamentos sin que éstos lo hubiera siquiera requerido”. Martínez también detalló que “por el cargo que tenía en Vialidad, Scarel era quien realizaba los concursos de precios para la compra de combustible y desde el año 2006 ganó siempre la misma empresa”.
En relación a Sánchez, el fiscal dijo que “era quien autorizaba los pagos de las facturas por consumo de combustibles y firmaba los cheques. Eran maniobras coordinadas destinadas a lograr un mismo objetivo: fraude al Estado», concluyó Martínez
Oficina de Prensa y Difusión MPA