Pequeños productores agropecuarios de todo el país debatieron sobre el modelo agropecuario y el rol gremial de la entidad centenaria, se pronunciaron contra sus actuales autoridades, y no asistirán al congreso de la entidad.
Patricia Propersi, integrante del Grupo de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, una de las participantes de la masiva asamblea, expresó en números la dramática situación del sector: “Este año se conocieron los datos del Censo Nacional Agropecuario 2018 y arroja que somos 40 mil productores menos que en el anterior (2008) y que los que desaparecemos somos los más chicos, confirmando lo que viene pasando en las últimas décadas (más de 160 mil desaparecieron entre 1988 y 2008)”.
En ese marco, los presentes denunciaron que “este modelo agropecuario, de escala, que prioriza los números de la exportación y descarta a las personas, se sustenta sobre la idea de que se puede prescindir de los chacareros, los agricultores familiares, los campesinos, y desplazarlos para que avancen y se consoliden unas pocas megaempresas agropecuarias que acaparan las cadenas productivas agroalimentarias, en desmedro también del sistema cooperativo”.
Las Bases Federadas emitieron un documento titulado “Por una política agropecuaria para pequeños y medianos productores”, en el que plantean las razones por las cuales desconocen la conducción de la FAA, pero además se dirigieron a quienes vienen desarrollando sus campañas electorales: “A quienes pueden ser Presidente, diputados, senadores, gobernadores, ministros, cuando hablan de política agropecuaria, los queremos interpelar: ¿Qué, con quiénes, con cuántos? ¿Van a seguir midiendo los resultados de sus gobiernos con un objetivo cuantitativo que sólo considera millones de toneladas y divisas, pero que expulsa, concentra, degrada y encarece alimentos?”.
Los agricultores y referentes de cooperativas que participaron de la jornada coincidieron en que “resulta inviable seguir trabajando endeudados, con una tasa de interés de 85 por ciento y un Banco Nación paralizado; con falta de transparencia en las cadenas de comercialización y distorsión de precios entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor; falta de mecanismos para sostener a los chacareros en las últimas situaciones de emergencia y desastre agropecuario; falta de seguridad e infraestructura en los territorios rurales en los que viven y producen”.
Por último, en el documento se deja en claro la posición del sector que organizó el encuentro: “Este núcleo de Entidades de Base de todo el país, ha tomado la decisión de no asistir al Congreso convocado por la conducción (de la FAA) habida cuenta que no está garantizado el cumplimiento pleno del Estatuto en el mismo y no se siente representado por quienes se adjudican la voz federada y menos aún por los 14 puntos «consensuados» con las entidades integrantes de la Mesa de Enlace ya que ninguno de ellos trae las soluciones que los consumidores, los pueblos del interior, los chacareros y sus instrumentos, las cooperativas y mutuales necesitamos”.
Texto completo del documento de las Bases Federadas
«Por una política agropecuaria para pequeños y medianos productores
Desde nuestro espacio de representación, advertimos que es necesario renovar la conciencia y la mirada que la política tiene sobre el campo. A quienes en estos días están desarrollando sus campañas electorales, a quienes pueden ser presidente, diputados, senadores, gobernadores, ministros, cuando hablan de política agropecuaria, los queremos interpelar: ¿Qué, con quiénes, con cuántos? ¿Van a seguir midiendo los resultados de sus gobiernos con un objetivo cuantitativo que solo considera millones de toneladas y divisas, pero que expulsa, concentra, degrada y encarece alimentos?
Desde el comienzo de la llamada “Revolución Verde” allá a principios de los 90’, los éxitos agropecuarios en nuestro país comenzaron a medirse en millones de toneladas, compuestas, principalmente, por dos cultivos (Soja y Maíz) que en crecimiento constante dejaron a la sombra a miles y miles de productores que fueron desplazados de sus chacras, campesinos y pueblos originarios que fueron expulsados de sus territorios al ritmo de la denominada expansión de la frontera agrícola y millones de hectáreas de monte nativo arrasadas. El modelo agropecuario ha pretendido prescindir de pequeños productores tamberos, ganaderos, ovinos, horticultores, fruticultores, vitivinicultores, yerbateros, chancheros y todos los productores que componemos el abanico de la diversidad productiva y que garantizamos los alimentos en nuestro país. Se ha priorizado la escala y la supuesta eficiencia de quienes la tienen, desconociendo que aún con las pocas chances que se presentaron, los pequeños productores somos lo suficientemente eficientes para seguir produciendo, para sostener un entramado social y productivo en los pueblos del interior en los que vivimos y trabajamos, esenciales para abastecer de alimentos diversos, suficientes y a precios justos a los argentinos.
Este año se conocieron los datos del Censo Nacional Agropecuario 2018 y arroja que somos 40 mil productores menos que en el anterior (2008) y que los que desaparecemos somos los más chicos, confirmando lo que viene pasando en las últimas décadas (más de 160 mil desaparecieron entre 1988 y 2008). Este modelo agropecuario, de escala, que prioriza los números de la exportación y descarta a las personas, se sustenta sobre la idea de que se puede prescindir de los chacareros, los agricultores familiares, los campesinos, y desplazarlos para que avancen y se consoliden unas pocas megaempresas agropecuarias que acaparan las cadenas productivas agroalimentarias, en desmedro también del sistema cooperativo.
Al segmento de agricultores, cooperativas y mutuales que aquí nos congregamos, nos resulta inviable seguir trabajando endeudados, con una tasa de interés de 85% y un Banco Nación que nos ha olvidado como sujeto de crédito; con el precio de las tarifas, del gas oil, de los fletes y de los insumos agropecuarios dolarizado; con mínimos no imponibles y escalas tributarias que por falta de actualización nos condenan a pagar como si fuésemos grandes productores y por tanto, paradójicamente, terminamos subsidiando a los de mayor escala (con impuesto a las ganancias y retenciones sin segmentar); con falta de transparencia en las cadenas de comercialización y distorsión de precios entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor; falta de mecanismos para sostener a los chacareros en las últimas situaciones de emergencia y desastre agropecuario.
Tampoco contamos con precio mínimo y sostén para las economías regionales; hay falta de seguridad e infraestructura en los territorios rurales en los que vivimos y producimos; dependencia tecnológica diseñada para una agricultura puramente extensiva y de escala; el acecho constante de laboratorios y compañías semilleras multinacionales que no respetan nuestro derecho al uso propio y gratuito de semillas y condicionan la soberanía nacional; el avance contra el cooperativismo agropecuario; la falta de regulación adecuada y la competencia voraz por la tierra y los arrendamientos, que nos asfixia y expulsa, sin una ley de arrendamientos acorde a nuestros tiempos, en donde una gran cantidad de chacareros nos vamos convirtiendo en meros prestadores de servicios y en peones calificados de un gran negocio, del que son artífices con su trabajo, pero la mayoría de la producción no les pertenece.
Para frenar esta crisis y revertir el proceso de concentración en el que compañías exportadoras, grupos inversores y grandes empresas agropecuarias han acaparado recursos y concentrado las cadenas productivas y de comercialización, serán necesarias una pluralidad de políticas que cambien la estructura del modelo productivo y para nos permita avanzar hacia un desarrollo socioeconómico y productivo nacional, que genere igualdad de oportunidades, una estructura más equitativa de distribución de la tierra, arraigo de la población rural, sostenibilidad ambiental, agregado de valor en origen, producción de alimentos de calidad y el mejoramiento de la calidad de vida en los territorios rurales y todo el país.
Las entidades de base representativas de pequeños y medianos agricultores, coincidimos en que a pesar de que durante la primera mitad del Siglo XX las políticas públicas de tierras, de promoción del cooperativismo, de precios para la producción agrícola, de financiamiento, de investigación y extensión, políticas de acción social y educativas, entre otras, habían conducido al desarrollo socioeconómico y productivo y al arraigo de los pequeños productores, en las últimas décadas el predominó un modelo agropecuario que nos deja a los pequeños y medianos productores agropecuarios en una situación económica y social que los pone a las puertas del abandono de la actividad y, por tanto, es necesario que el próximo gobierno implemente políticas públicas rurales y agropecuarias integrales y diferenciadas, que contemplen:
. garantizar la competitividad de los productos de pequeños y medianos agricultores regulando a los mercados para equiparar las oportunidades de los productores, brindar programas de capacitación y formación, y financiamiento para la producción y tecnificación, articulando el rol del estado, las entidades intermedias y los productores;
. implementar un régimen impositivo fundado en los principios de proporcionalidad y progresividad, para fomentar la producción agropecuaria de pequeños y medianos agricultores;
. facilitar los procesos de transformación y comercialización de bienes agropecuarios promoviendo el sistema cooperativo, apuntando a reducir el número de intermediarios entre el comienzo y el final de la cadena de producción y distribución, mejorando las condiciones de los pequeños y medianos productores y los precios que pagan los consumidores;
. mejorar sustantivamente las infraestructuras rurales para la producción y el desarrollo rural, con estrategias integradas enfocadas en la calidad de vida en los territorios rurales y en generar las condiciones para un mayor agregado de valor en origen, el almacenamiento, el transporte -caminos rurales, rutas, vías férreas y marítimas- y la comercialización de la producción de pequeños y medianos productores, para reducir costos de producción, desconcentrar los procesos de industrialización de materias primas e incrementar notablemente la renta de pequeños y medianos productores;
. aplicar una política integral de tierras y de arraigo para mejorar la distribución y la tenencia de la tierra y para promover el arraigo y la permanencia en el medio rural que contribuya a revertir los desequilibrios sociales, productivos y territoriales, un conjunto coherente de instrumentos que permitan transformar sustancialmente las condiciones de producción, arraigo y desarrollo rural del interior del país, contribuyendo además a la mejora de los equilibrios territoriales y a la generación de riqueza. El equilibrio social y territorial de nuestro país dependerá del acceso de la población rural a la tierra. Este acceso permitiría, según demuestra la experiencia internacional, crear áreas rurales más desarrolladas, con mayor productividad, variedad de productos y calidad de vida.
Solicitamos, entre otras, las siguientes políticas públicas estructurales:
Política integral de tierras. La Argentina tiene graves desequilibrios territoriales y productivos debido a la desequilibrada distribución de la tierra. La experiencia internacional muestra que sólo los países y las regiones que pudieron consolidar estructuras agrarias equilibradas pudieron poner en marcha políticas de desarrollo rural sustentables y eficaces.
Para ello se plantean varias medidas, entre otras:
– Nueva ley de Contratos Agrarios (que detenga el avance y la concentración del uso de la tierra y genere una estructura de tenencia de la tierra más equilibrada asegurando la estabilidad en la misma para planificar la producción);
– Creación de un Instituto Nacional de Tierras para el estudio y la reorganización de las estructuras agrarias.
– Implementación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar No 27.118 y efectiva suspensión de desalojos y titularización de ocupantes precarios.
– Plan Arraigo para la juventud.
– Puesta en marcha de un Programa Nacional de infraestructura rural enfocada no solo a mejorar la calidad de vida en los territorios rurales, sino a generar las condiciones para permitir un mayor agregado de valor en origen, la mejora del almacenamiento, el transporte y la comercialización de la producción de pequeños y medianos productores.
– Puesta en marcha de un Programa Nacional de infraestructura rural enfocada no solo a mejorar la calidad de vida en los territorios rurales, sino a generar las condiciones para permitir un mayor agregado de valor en origen, la mejora del almacenamiento, el transporte y la comercialización de la producción de pequeños y medianos productores.
– Fortalecimiento de la Soberanía biotecnológica, garantizando el derecho a Uso Propio Gratuito de semillas para los agricultores y el desarrollo de tecnología nacional.
– Puesta en marcha de una política tributaria basada en el principio de progresividad e implementación de la Ley de segmentación de derechos de exportación.
– Creación de la Agencia Federal de Estímulo a la Producción Agropecuaria -AFEPA- (destinada a impulsar y promover la actividad agropecuaria que regule el comercio de granos del país).
– Política de financiamiento que contemple el ciclo agro-productivo, con tasas diferenciadas por escala de productor.
– Programa de compras públicas y de precio mínimo sostén para productos de las economías regionales, en articulación con provincias y municipios.
– Programa de instalación de mercados para la venta directa de productos del productor al consumidor, en los grandes centros urbanos de consumo y en puntos estratégicos de territorios de todo el país, que asimismo incentive la diversificación productiva y las producciones alternativas en las áreas rurales de esos territorios. Para esto, la política de infraestructura contemplada en el punto 2., la política de financiamiento y la asistencia técnica de organismos nacionales como INTA y SENASA serán determinantes.
– Política educativa orientada al desarrollo agropecuario y rural, revirtiendo el histórico proceso de formación secundaria que promueve el éxodo.
– Programa que mejore el acceso de la población rural al sistema de salud.
– Plan nacional de desarrollo lechero.
– Plan nacional de desarrollo ganadero.
a. Modificación de la actual Ley Federal de Carnes.
b. Promoción de la producción e industrialización de carnes alternativas.
c. Plan nacional de desarrollo de la producción porcina.
d. Creación del Instituto de promoción de carnes alternativas.
– Ampliar y mejorar la Ley de Emergencias Agropecuarias y desarrollar complementariamente un sistema integral de seguros multirriesgos para dar previsibilidad a los productores agropecuarios».
Fuente y fotos: Gentileza Redacción Rosario
