El proyecto fue girado al Senado, en donde se prevé que será convertido en ley. Hubo 84 legisladores ausentes. La iniciativa establece «sanciones» para quienes se nieguen a formar parte del programa.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que propone la creación de un «Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres», luego de que el gobierno decidió incluir la iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias. Se prevé que el Senado le de su sanción definitiva este miércoles.
El proyecto fue aprobado por 171 votos a favor y uno en contra por parte de Alfredo Olmedo, aunque hubo un elevado nivel de ausentismo: hubo 173 legisladores presentes y 84 ausentes.
La iniciativa establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. El programa fue bautizado «ley Micaela García», en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gueleguay en abril de 2017.
«Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres»
El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
Sanciones para quienes se nieguen a capacitarse
La diputada nacional por el Frente para la Victoria Analía Rach Quiroga advirtió que «habrá sanciones» para quienes se nieguen a tomar las capacitaciones en género y violencia.
«La ley será de cumplimiento obligatorio y, por lo tanto, se prevén sanciones para las personas que se nieguen sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas», advirtió Rach Quiroga, autora de la ley.
Detalló que «el incumplimiento de esa intimación será considerado una falta grave que no sólo dará lugar a la sanción disciplinaria pertinente sino que, además, se hará pública la negativa a participar en la capacitación a través de la página del Instituto Nacional de las Mujeres, que será la autoridad de aplicación».
«La responsabilidad del Estado en la violencia contra las mujeres es de clase, no cambia con una ley»
La diputada del Partido Obrero – FIT, Romina Del Plá, acompañó favorablemente la ley con un duro discurso contra el Congreso y los bloques políticos que la promueven como una respuesta eficaz contra la violencia hacia las mujeres.
«Este Congreso está tratando muy tardíamente esta ley que lleva el nombre de Micaela. Si no fuera por el enorme movimiento de mujeres que desde el primer Ni Una Menos en 2015 no para de crecer y que en la última semana ha producido un nuevo cimbronazo con la denuncia de Thelma Fardín, que se sumó a la conmoción que ya había producido la absolución a los femicidas de Lucía Pérez, no estaríamos tratando esta ley. Y eso que estamos ante una ley bien modesta, que lejos está de resolver los problemas de fondo».
Del Plá continuó: «Acá tenemos un problema muy serio porque este es el mismo congreso que le da $11 por mujer a los programas destinados a asistir a las mujeres víctimas de violencia, mientras una mujer es asesinada cada 30 horas en este país. Hay una enorme contradicción entre dónde se ponen los recursos del país y las necesidades sociales. Esta contradicción es la que se expresa en los índices escalofriantes que tenemos en este país, donde cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años se convierte en madre. ¡Eso es violencia contra la mujer!».
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