La decisión del gobierno nacional plantea una pregunta central para los santafesinos: ¿podrá alguna vez ser aprovechada una inversión de U$S 1.500 millones?, pero subyace otra: ¿hay gas suficiente para alimentar al GNEA?
Las empresas contratistas que en Santa Fe han llevado a cabo, ya casi por completo, las obras del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) recibieron una orden del gobierno nacional: paralizar sus trabajos y poner todo lo ejecutado “a disposición del comitente”, es decir, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
La nota que llegó a las firmas que trabajan en la obra nacional en territorio santafesino (bajo una licitación de 2014) sostiene que la decisión se ha tomado “con carácter excepcional y precautorio” en atención “a los hechos de público y notorio conocimiento en relación a las denuncias e investigaciones judiciales actualmente en trámite por ante la Justicia Federal, por la comisión de delitos vinculados a actos de corrupción generalizada en la licitación, adjudicación y/o ejecución de las obras públicas licitadas con anterioridad a diciembre de 2015”.
El escrito que llegó a las contratistas que formaron las dos UTEs – que obtuvieron sendos contratos durante el kirchnerismo – está firmado por el ingeniero Alberto Raúl Brusco, en su condición de director de Construcciones del Directorio de la empresa IEASA (Integración Energética Argentina SA), una sociedad anónima bajo la órbita del ministro de Energía, Javier Iguacel.
IEASA es la comitente del contrato que comenzó durante el gobierno anterior y que la actual gestión continuó, aunque con una importante renegociación de los contratos que según uno de los ex funcionarios involucrados en aquella pulseada con las empresas “bajó a la mitad los costos K”.
Órdenes
Tras recibir la nota, las contratistas han convocado a sus estudios jurídicos, además de sus técnicos para cumplir con lo que se les ordena, en dos puntos que a continuación se transcriben.
“1) Se proceda a la inmediata suspensión de trabajos, en el estado en que se encuentren, poniéndose la obra a disposición del Comitente a partir del plazo de 3 días hábiles de notificada la presente, a los fines que el mismo (SIC) tome posesión de la obra hasta tanto se esclarezcan los hechos investigados que motiva la presente medida”.
“2) Se entregue en dicho acto al Comitente, la totalidad de la documentación e información técnica y de calidad referida a la obra ejecutada, así como todo material, equipos, vehículos y/o elementos que el Comitente haya facilitado al contratista para los fines de la contratación y ejecución de los trabajos”.
Una cláusula “anticorrupción”
Luego indica que ambas partes realizarán “un inventario y detalle de su estado” así como de los demás bienes a recibir de los privados a la compañía en manos del Estado Nacional.
Sostiene que “en función de las razones arriba expuestas, se procederá a iniciar un procedimiento administrativo tendiente a la revisión de los costos involucrados en la presente contratación, a fin de determinar si los mismos se ajustan a los valores de mercado correspondientes”. Y agrega que también se suspenden todo los pagos “hasta el esclarecimiento” de la investigación judicial.
“Por último -dice IEASA-, se deja expresa reserva de aplicar, eventualmente en caso de corresponder, la sanción dispuesta en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Especiales de la contratación, referida a la Cláusula Anticorrupción”.
Efectos legales
Si bien la orden nacional paraliza toda la obra, en todo el territorio nacional, en el caso de los trabajos en Santa Fe los efectos son más legales y judiciables que prácticos. Las tareas aquí están ya prácticamente terminadas.
Tanto, que por estos días iba a inyectarse gas por primera vez y de manera continua (no sólo para una primera prueba) en el tramo entre Emilia y Tostado. La prueba técnica a presión normal iba a llevarse a cabo el martes, el primer día hábil de la semana próxima, pero antes de que la nota fuera enviada hubo un llamado que suspendió ese paso, necesario para hacer funcionar el gasoducto.
En su edición del 2 de abril de 2017, El Litoral publicó una entrevista a un funcionario nacional, oriundo de Santa Fe, que luego dejó su cargo en el Ministerio de Energía y Minería de la Nación: José Luis Sureda, por entonces secretario de Recursos Hidrocarburíferos.
Bajo el título “GNEA, el gasoducto que se usará al revés y costará la mitad”, este diario informó tanto sobre el valor de la obra como respecto de un problema de planificación de la inversión respecto del origen del gas a inyectar.
En pocas palabras se advirtió que “el presupuesto K era de U$S 3.000 millones” pero que finalmente saldría “U$S 1.500”, y se expusieron las “curiosidades y sobreprecios de una obra que iba a construirse en 2010 y aún no ha terminado”.
Sureda dijo hace ya más de un año -a días de dejar su cargo- que “mediante dos decisiones el costo del GNEA cae a la mitad. Por una parte hubo renegociaciones contractuales con las empresas que ganaron la licitación durante el gobierno nacional anterior, y por otra, menos plantas de motocompresión “que sin todo el gas que se esperaba tener, eran inútiles”.
“Aceptaron bajar precios”
“Hubo renegociaciones contractuales con las empresas contratistas, les mostramos los costos reales y les dijimos que había precios que no eran los del mercado y lo aceptaron. También ocurrió que apretamos un poco las marcas en las certificaciones de obras y modificamos además algunos conceptos de ingeniería de la obra que no se justificaban, que eran innecesariamente caros”, agregó.
Respecto de los precios del kirchnerismo destacó: “Hay ramales que fueron presupuestados a 56 dólares el metro de cañería, por cada pulgada. Así un metro de caño de 24 pulgadas vale 56 dólares por 24. ¿Sabe cuál es el costo real? 30 dólares”, dijo.
Además, “eliminamos los motocompresores que eran inútiles. Sabiendo que no vamos a tener el gas, porque Bolivia no nos va a vender lo que se calculó para la obra en 2006, se encargaron igual estos equipos. Estábamos a punto de hacer esa operación de compra cuando asumimos: lo revisamos y dijimos no, basta”.
“Esas dos decisiones nos bajaron el presupuesto del gobierno nacional anterior que era de unos 3.000 millones de dólares a 1.500 millones de dólares. Cuando tengamos terminada la obra habremos gastado 1.500 y nos ahorraremos la misma cifra… No fue magia, dijo alguien”, ironizó el ingeniero.
Fuente – El Litoral.com
