La Cámara de Diputados sancionó el último miércoles por unanimidad (202 votos a favor) la nueva Ley de Trasplante de Organos, Tejidos y Células, conocida como ley Justina, por la nena de 12 años que murió en noviembre pasado en la Fundación Favaloro tras no recibir un trasplante de corazón a tiempo. Desde que supieron que necesitaba un trasplante, Justina y sus papás iniciaron una campaña para concientizar a la sociedad sobre la donación de órganos.
El principal cambio que la ley aprobada introduce respecto de la anterior es la instauración de la categoría de donante presunto: toda persona mayor de edad que no haya expresado su negativa a la donación de órganos será tratada como donante. Hasta ahora, sólo se tomaban como donantes aquellas personas que hubieran manifestado expresamente su voluntad de donación (en caso de mayores de edad) o cuyos responsables legales quisieran donar sus órganos (en caso de menores de edad o personas tuteladas).
Los objetivos de esta ley son no sólo aumentar la cantidad de donantes sino también que el sistema de salud esté capacitado para responder y que esos órganos lleguen en tiempo y forma a quien los necesita.
Los puntos sobresalientes de la nueva norma son:
En la declaración de principios en los que se enmarca la ley se mencionan explícitamente la dignidad, la autonomía, la solidaridad y justicia distributiva en la asignación de órganos, la equidad.
Se expresan taxativamente los derechos de donantes y receptores: a la intimidad, privacidad y confidencialidad; a la integridad; a la información y al trato equitativo e igualitario. Se establece la prioridad de traslado aéreo y terrestre de los pacientes con operativos en curso.
Se crea el Servicio de Procuración en los hospitales públicos y privados, que deberán contar con servicios destinados a la donación de órganos y tejidos, que permitan garantizar la correcta detección, evaluación y tratamiento del donante. Este servicio deberá contar al menos con un profesional que deberá detectar potenciales donantes, proveer a las familias la información completa y precisa sobre la donación de órganos, garantizar el desarrollo del proceso de donación y generar acciones de difusión y capacitación dentro de la institución. También se establece un régimen de capacitación permanente para el personal afectado al proceso de donación y trasplante.
Se incorpora la Donación Renal Cruzada. Es el mecanismo que se usa en los casos en que el receptor no tiene donantes relacionados biológicamente que sean compatibles con él. Mediante un algoritmo se detecta un receptor compatible correspondiente a otra pareja con el mismo inconveniente entre sí para poder realizar un trasplante cruzado. Fue el sistema que se usó en el caso de Jorge Lanata, que recibió un riñón de una señora cuyo hijo recibió un riñón de la entonces pareja del comunicador.
Se mantiene la posibilidad de manifestación de voluntad expresa negativa o afirmativa a la donación de órganos para los mayores de 18 años.
Se permite realizar la ablación de órganos y/o tejidos sobre toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos. En caso de no encontrarse registrada la voluntad del causante, el profesional a cargo del proceso de donación debe verificar la misma conforme lo determine la reglamentación.
Se permite que la autorización para la ablación en caso de menores la den los dos progenitores o sólo aquel que esté presente en el momento del fallecimiento del menor.
Se simplifican y optimizan los procesos que requieren intervención judicial.
Se simplifican y optimizan los procesos de diagnóstico de muerte y certificación del fallecimiento. Se seguirá el protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación con el asesoramiento del Incucai.
Se suma un capítulo dedicado a los medios de comunicación, para el abordaje responsable de los temas vinculados con donación y trasplante de órganos.
El proyecto fue impulsado por el senador de Cambiemos Juan Carlos Marino y los padres de Justina Lo Cane y busca “desmitificar, simplificar y liberar a las familias de tomar una decisión en el momento trágico de la muerte de un ser querido”. Tras la muerte de Justina, la solidaridad que despertó su caso se transformó en un pedido público para que la gente se inscribiera en la lista de donantes, que era la única posibilidad en ese momento. La campaña Multiplicatex7, que empezó en los momentos más críticos, se replicó en cientos de mensajes. “No muchos saben que si se convierten en donantes pueden donar hasta siete órganos y, gracias a algunos tejidos, salvarle la vida hasta 9 personas”, explicó entonces Ezequiel, el papá de la nena.
En la sesión de ayer, el primero en tomar la palabra fue el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky (PRO), quien recordó que la campaña de donación de órganos que movilizó el caso de Justina “hizo crecer la cantidad de personas dispuestas a donar como nunca antes”. A su turno, la presidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO), dijo que la normativa cristaliza un “cambio de paradigma”. Por su parte, la titular de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), trajo a colación datos oficiales del Incucai que indican que en la actualidad hay 7738 personas en la lista de espera para trasplante de órganos, y advirtió que apenas el 6,41 por ciento de los argentinos son donantes.
Muchas diputadas, entre ellas Victoria Donda y Romina Del Plá, hicieron referencia a que se tratarían dos proyectos con nombre de mujer (el otro es el llamado ley Brisa, ver aparte) y que eran una oportunidad para subsanar un abandono del Estado (a las personas necesitadas de trasplantes en el caso de la ley Justina y a los huérfanos por femicidios en el caso de la ley Brisa). Fue además una sesión particular, ya que todos los diputados comenzaron sus ponencias manifestando sus condolencias a Emilio Monzó, que presidió la sesión pese a la muerte de su madre, ocurrida el martes 3.
Fuente – Página/12
