La temible inflación, que come rentabilidades

Salvador Di Stefano Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.

El gobierno perdió credibilidad anunciando una inflación del 15% anual, cuando la inflación mayorista en 2 meses fue del 9,6%. El Banco Central es el principal responsable, la jefatura de gabinete acompaña, y siguen las firmas.

La inflación mayorista crece a mayor ritmo que la inflación minorista. El gasoil y el dólar han aumentado a un ritmo superior que los precios minoristas.

En el año 2018 la suba del dólar impactó fuertemente en los precios mayoristas, dado que los productos primarios, manufacturados o importados son influenciados por el valor de nuestro tipo de cambio. Por otro lado, la energía eléctrica aumento el 7,3% en el mes de febrero y su variación anual es del 77,4%.

En la Argentina cuando aumenta el dólar, el traslado a precios resulta inmediato. En esta oportunidad podemos apreciar que tanto la suba de los precios mayoristas, como el aumento del gasoil encontraron dificultad para ser trasladados a precio en los dos primeros meses del año. La inflación minorista fue del 4,2%, cuando la mayorista trepo al 9,6%.

Las empresas temen que un aumento en los precios las deje sin ventas y esto impacte negativamente en el flujo de fondos de la compañía. Las empresas deben asegurarse que con sus ventas, se puedan afrontar los gastos de estructura; por ende, prefieren mantener sus precios, resignando rentabilidad, antes que perder ventas y porciones de mercado.

Los índices de precios conocidos en febrero preocupan y mucho, el Banco Central no ha podido vislumbrar con claridad el sendero de los precios en los últimos años. La meta de inflación del año 2016 y 2017 no fue cumplida, y para el año 2018 lograr la meta del 15% de inflación luce muy complicado.

El gobierno nacional tampoco ha podido cumplir las metas de crecimiento económico en el año 2017, y para 2018 se proyectó un crecimiento del 3,5% del PBI, y difícilmente lleguemos al 2,5% en el año.

El problema de alejarnos de las proyecciones de crecimiento e inflación, es que inciden sobre la política de ingresos y egresos del sector público, lo que implica poner en riesgo la meta de déficit fiscal primario para el año 2018.

El gobierno ha cumplido con las metas fiscales que se propuso en los años 2016 y 2017, pero es cierto que dicho cumplimiento tuvo la ayuda de ingresos extraordinarios como el blanqueo que aportaron cerca de U$S 9.500 millones de recaudación.

Para el año 2018 no hay recaudaciones extraordinarias en el horizonte, y si el crecimiento no acompaña inevitablemente deberá bajarse el gasto o buscar la forma de incrementar los ingresos.

El gobierno ha bajado fuertemente el gasto en muchos ministerios, y se espera una baja sustancial de los gastos de capital (infraestructura) que pretenden ser reemplazados por el PPP (Programa de Participación Público Privada) que tendría una inversión de U$S 26.000 millones, distribuida en U$S 5.263 millones en el año 2018, U$S 8.496 millones en el año 2019, U$S 8.434 millones en el año 2020; U$S 3.351 millones en el año 2021 y U$S 286 millones en el año 2022. Este plan se contabiliza por fuera de las cuentas públicas y son aportes de privados con garantías del estado nacional.

Si seguimos en un escenario de alta inflación y crecimiento por debajo de la meta esperada, es muy probable que el gobierno deba recurrir a ingresos extraordinarios para cumplir la meta fiscal. Dichos ingresos podrían provenir del relanzamiento de un segundo blanqueo para el segundo semestre del año o bien por la privatización de algunas empresas del Estado.

Si el gobierno no cumple con la meta de déficit fiscal, se encarecerá el financiamiento futuro y obligadamente deberíamos podar el gasto público o subir impuestos. Como ambas medidas son muy nocivas para la economía, las opciones de vender activos o reabrir el blanqueo lucen como las más benignas en el actual escenario económico.

En cuanto al financiamiento para el año 2018, hasta el momento el gobierno habría conseguido un total de U$S 18.000 millones, sobre los U$S 30.000 millones que necesita para honrar las deudas y el déficit del año en curso. El gobierno estaría buscando un crédito bancario por unos U$S 6.000 millones, y no descartan tomar un crédito del Fondo Monetario Internacional que cobra una tasa del 4,5% anual, que es sustancialmente menor a la tasa que paga el gobierno para endeudarse con bonos o vía bancos.

Conclusión
. – El gobierno para el año 2018 espera tener un déficit primario de $ 440.000 millones y pagaría intereses por $ 280.000 millones.

. – El gobierno está obligado a cumplir la meta fiscal, porque todos los años tiene que salir al mercado a buscar unos U$S 30.000 millones para financiar el rojo fiscal, por ende, estamos a la espera de anuncios de privatizaciones o blanqueos que potencien los ingresos del fisco.

. – Las empresas deberán trabajar para reinventarse buscando productos que cautiven al consumidor ya sea vía precios o nuevas propuestas de consumo.

. – Vamos a una inflación del 23% anual, y un tipo de cambio que aumentaría al ritmo de la inflación.

. – Hasta tanto los empleados no reciban los aumentos paritarios, daría la impresión de que el consumo seguiría frenado, ya que estamos con precios 2018 y salarios 2017.

. – La sequía impactará fuertemente en las economías regionales y genera externalidades negativas en materia de precios.

. – En lo que hace a inversiones, resulta atractivo invertir en bonos en dólares, bienes de cambio, rodados o propiedades. Todo activo será defensa o resguardo de valor de cara al año 2019, cuando la seca desaparezca, y el mix de precios de materias primas altos y una buena cosecha nos vuelvan a dibujar una sonrisa.

. – Por favor, cuiden al Presidente, no le hagan decir más que van a llover los dólares, inflación del 15% anual, y que es el mejor equipo en 50 años.

Salvador Di Stefano
Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.