Este martes, en el Centro Cultural Provincial de la ciudad de Santa Fe, el gobernador Miguel Lifschitz encabezó el acto de presentación de la propuesta de liquidación y pago para que el gobierno nacional abone la deuda que mantiene con la provincia por fondos indebidamente descontados.
Lifschitz agradeció el acompañamiento «de todos los referentes políticos de la provincia al acudir a esta convocatoria que hacemos en un sentido absolutamente constructivo, cumpliendo con nuestra responsabilidad de defender los interesas de la provincia de Santa Fe pero también con el ánimo de realizar una propuesta que ayude y no nos obligue a ir a un nuevo litigio sino que permita a través del diálogo encontrar una solución razonable».
El gobernador recordó que «con ese ánimo comenzamos el diálogo a principios del año pasado con el ministro del interior, el ministro de economía y el propio presidente de la Nación; nos plantearon que tuviéramos paciencia, que había que esperar hasta que las cuentas se pudieran acomodar, cosa que nos pareció razonable porque esta deuda se acumuló en años anteriores pero el fallo de la Corte obliga a satisfacer la demanda de los santafesinos. A mediados del año pasado empezamos a intercambiar propuestas que no avanzaron demasiado y propusimos de mutuo acuerdo con las autoridades nacionales un nuevo plazo para cerrar el tema a fin de año. Cuando parecía que se iba a concretar no se dio, quizás por la partida de Alfonso Prat Gay (del Ministerio de Economía) con lo cual se postergó para los primeros meses de este año. Luego nos propusimos una nueva meta: mediados de año».
«Lamentablemente las contingencias de la economía y la realidad política no permitieron que llegáramos a una conclusión», indicó Lifschitz, a punto tal que «no contamos todavía con una propuesta. Por eso nos decidimos a dar vuelta la situación y elevar nosotros una propuesta para ayudar a la búsqueda de una solución».
«Esta deuda de la que estamos hablando no es cualquiera; tiene otro contenido porque es estructural, porque no proviene de un convenio incumplido: fueron recursos legítimos que un gobierno nacional decidió sacarle a la provincia de manera unilateral y nos obliga a utilizar todas las herramientas que tengamos a mano para lograr que la acreencia sea saldada por el gobierno nacional», afirmó.
«El gobierno nacional tiene una oportunidad para buscar una solución. Esperamos con esta propuesta contribuir a encontrar una solución satisfactoria no solo para lograr los recursos para la provincia sino para abrir un debate más amplio sobre el federalismo: cómo buscamos un país donde las provincias jueguen otro rol y se puedan mirar con atención las capacidades de cada territorio provincial».
«Si tenemos éxito en esta tarea, seguramente habremos dado un paso muy importante para garantizar los derechos de los santafesinos y al mismo tiempo estamos ayudando a todas las provincias argentinas», concluyó Lifschitz.
DETALLES TÉCNICOS
Por su parte, el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, estableció que «a partir de los fallos de la Corte hoy tenemos que definir dos cuestiones: el monto de la deuda a precios actuales y la modalidad de efectivización por parte del Estado Nacional».
Sobre el primer punto, Saglione destacó que «existen variados mecanismos para hacerlo ya que no hay un antecedente de similar naturaleza, pero entendemos que la tasa que mejor refiere la deuda en cuestión es la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina bajo la modalidad sumada, es decir, sin capitalizar; creemos que es la que mejor se adecua a la naturaleza de la deuda que se ha generado».
Con respecto al segundo ítem, el ministro mencionó que «en las reuniones que mantuvimos con autoridades nacionales que integraron la comisión conformada en 2016, planteamos la necesidad de buscar un mecanismo que compatibilice el derecho que defendemos de los santafesinos con las reales posibilidades de pago del propio presupuesto nacional; lo que hoy estamos elevando a consideración combina estos dos instrumentos».
Finalmente fue el fiscal de Estado, Pablo Saccone, el encargado de explicar el proceso legal que llevó a Santa Fe a reclamar el pago y los fundamentos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocó para reconocer el crédito que la provincia le reclamaba al Estado nacional.
En ese marco, mencionó la labor de la Comisión de funcionarios nacionales y provinciales conformada en 2016 que sostuvo una serie de reuniones aunque sin llegar a un acuerdo «por la falta de respuestas de los representantes del gobierno nacional que concluyó con la presentación de una liquidación elaborada en base a los parámetros del Ministerio de Economía de la provincia».
PRESENTES
Estuvieron, además, el vicegobernador de la provincia, Carlos Fascendini; ministros, secretarios, subsecretarios, directores y demás funcionarios del gobierno provincial; legisladores provinciales y nacionales; intendentes, presidentes comunales, concejales e integrantes de comisiones comunales de toda la provincia.
LA PROPUESTA
Los fallos de la Corte Suprema establecen que el gobierno nacional debe devolver a la provincia los fondos indebidamente descontados y fija dos pasos a seguir: liquidación del juicio, que contempla la identificación del monto diario de la deducción realizada a precios históricos y la actualización de dicha deuda o cuantificación de los intereses devengados por el tiempo transcurrido; y el acuerdo entre las partes sobre la modalidad de efectivización de dicha deuda, que deberá existir en un plazo máximo de 120 días de efectuarse la liquidación.
Cabe mencionar que si no se alcanza el acuerdo en el plazo mencionado, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de establecerlo. En ese marco, Santa Fe optó por no presentar la liquidación del juicio y acordar el monto y la modalidad de pago en señal de diálogo con el gobierno nacional.
Atento a ello, la provincia propone que la Nación cancele la deuda de la siguiente manera: con una transferencia de $ 15.000 millones en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 625 millones, aplicando la tasa Badlar sobre el saldo, con vencimiento de la primera cuota en enero de 2018; y con la emisión y entrega de títulos públicos nacionales por un monto de $ 34.840 millones, teniendo en cuenta que los mismos deberán pertenecer a especies con alto volumen de circulación en el mercado internacional, con períodos de amortización de hasta 40 años y admitiéndose nuevas emisiones en similares condiciones financieras a las ya realizadas.
La propuesta elaborada facilita el cumplimiento de pago por parte del Estado Nacional, evitando presiones adicionales sobre el Presupuesto para futuros ejercicios. El monto anual de los desembolsos propuestos significan el 0,32% de los Gastos Totales previstos en el Presupuesto 2017 de la Administración Nacional. En tanto, el monto a pagar en títulos públicos del Tesoro Nacional representan tan sólo el 0,80% del stock de deuda pública neta del Sector Público Nacional al 31/12/2016.
En cuanto a la afectación de recursos, el 13,4372% del monto recibido (en cuotas y títulos) por el gobierno provincial se coparticipará a municipios y comunas según el criterio de distribución previsto en la Ley N° 8437/79. De este modo, $ 2.015 millones serán mediante transferencias entre 2018 y 2019; y $ 4681 millones, mediante títulos públicos nacionales.
Respecto de los recursos provinciales, el monto a recibir en 2018 (neto de transferencias a municipios y comunas), será de $ 6492 millones, teniendo en cuenta que los mismos deben ser afectados a gastos de capital, en cumplimiento del artículo 97 de la Ley Provincial N° 13.525.
Para 2018, se propone aplicar dichos fondos de la siguiente manera: $ 2.000 millones al Fondo Municipal de Inversiones (Promudi) para brindar financiamiento a municipios y comunas para la realización de obras o la adquisición de equipamiento; $ 1.000 millones al Fondo de Inversión y Desarrollo de Santa Fe, a los efectos de lanzar nuevas líneas de financiamiento para las Pymes de la provincia; y $ 3492 millones a la red de gasoductos regionales de Santa Fe.
Para 2019, en tanto, el listado de obras a financiar con tales recursos será oportunamente definido al momento de darse tratamiento legislativo al Presupuesto provincial para dicho ejercicio.
Fuente: GSF