El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Silberstein, suscribirá este miércoles un convenio con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) Regional Rosario y con el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) Regional Rosario, con el objetivo de coordinar la aplicación, gestión y control de reglas de conducta, para la inclusión social de personas en conflicto con la ley penal.
El acto tendrá lugar a las 8.30 en el despacho del ministro en la sede de Gobernación de la ciudad de Rosario (Santa Fe 1950), con la presencia del fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini; y del defensor regional de Rosario, Gustavo Franceschetti.
En el acto de firma también estarán presentes el subsecretario de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lisandro Martínez Gorostiaga; y la titular de la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria de la provincia, Silvia Aquino, entre otros funcionarios.
El objetivo del convenio es organizar un protocolo de actuación entre las partes para la adecuada implementación del Programa de Gestión y Control de Reglas de Conducta, que tiene como fin la coordinación comunitaria de los actores intervinientes en la fijación y seguimiento de reglas de conducta en el marco de la suspensión del juicio a prueba o condena de ejecución condicional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 bis del Código Penal, cuando se ordenan reglas de conducta de contenido social, que pueden incluir el cumplimiento de tareas en beneficio de la comunidad.
El programa de Gestión y Control de Reglas de conducta se implementa en el ámbito de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, que depende de la Subsecretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y su principal objetivo es trabajar por la inclusión social de sujetos en conflicto con la ley penal para evitar la reincidencia en el delito.
En este marco, el área provincial designa y distribuye las tareas no remuneradas, evitando los inconvenientes que genera una derivación inconsulta, priorizando como destinos las instituciones públicas, las instituciones privadas con bien común y las ONGs, que previamente integren una red institucional por la inclusión social.
Asimismo, trabaja para favorecer la reparación del daño a la comunidad o a un miembro de ella a través de tareas que sean útiles a aquella.
Además, implementa políticas para democratizar el servicio de justicia, transparentar los sistemas y fomentar la justicia restaurativa.
De esta manera, se tiende a transformar una sanción individual en algo proactivo hacia la comunidad y se posibilita que el trabajo no remunerado signifique un aporte para los organismos destinatarios.
Prensa GSF