En la continuidad del proceso de diálogo por la reforma constitucional impulsado por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, organizaciones de usuarios y consumidores, mutuales y cooperativas se sumaron al debate y acercaron sus propuestas al gobierno provincial.
En primer término, el director provincial de Reforma Política y Constitucional, Oscar Blando, se reunió con el titular del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), Juan Marcos Aviano.
“La inclusión del tema de los usuarios y consumidores en el debate implica discutir y tratar de resolver los problemas de los sectores más débiles y desprotegidos de la sociedad, esto es, el ciudadano común de carne y hueso sometido a las reglas del mercado a la hora de la adquisición de bienes y servicios”, señaló Blando. “El estado actual de usuarios y consumidores es de indefensión dadas las dificultades para el acceso a la justicia gratuita y a una justa reparación por los daños sufridos”, añadió.
En tal sentido, Aviano remarcó “la necesidad de que la reforma permita plasmar, proteger y promover nuevos institutos que el siglo XXI impone a los Estados tanto federales y subnacionales como también a los gobiernos locales, estableciendo reglas claras para los procedimientos de reclamo y solución, fijando leyes especiales. Además, se debe reconocer a los denominados nuevos consumidores de la actualidad, incluyendo a todos los ciudadanos sin importar su condición socioeconómica, tal cual establece la normativa nacional en la materia”.
“También coincidimos -añadió Blando- en la necesidad de incluir la figura de la audiencia pública obligatoria y los mecanismos de control que permitan la aplicación de sanciones económicas a las empresas que hacen abusos de sus posiciones dominantes en el mercado. Y se acordó la necesidad de continuar un trabajo en conjunto y la realización de actividades entre el gobierno provincial y las distintas organizaciones de defensa del consumidor de la región”.
MUTUALES Y COOPERATIVAS
“La reforma constitucional supone una oportunidad única de participación de los diversos actores sociales que integran el entramado socioeconómico de la provincia, a efectos de lograr el aporte de ideas, propuestas y diferentes perspectivas relativas al proceso reformista”, destacó Blando al respecto, al tiempo que expresó que “la necesidad de actualizar los criterios vigentes en la Constitución de 1962 en materia de economía social y, especialmente, en el rol del cooperativismo y el mutualismo, con un mirada adaptada a la realidad socioeconómica y productiva de nuestro tiempo”.
El funcionario señaló la evolución del concepto de “cooperación, que se volvió más amplio y hoy se refiere no solo a la ruralidad sino a otros aspectos de la vida en sociedad. Este proceso de diálogo debería servir para pensar garantías y límites al poder de grupos económicos y demás factores de poder, cuestión que no solo debe ser compromiso gubernamental, sino que involucra a todas las instituciones de la sociedad civil y del mundo empresarial y productivo”.
Participaron también de la reunión, el secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella; el presidente de la Mutual Federada Salud, Juan Pivetta; el presidente del Banco Coinag y titular del Consejo Económico Social de Santa Fe, Hernán Sefusatti; Mauricio Ramos, de la Federación de Cooperativas de Aguas de Santa Fe; y Tobías Scheinin, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Pivetta consideró “una obligación efectuar aportes ante la convocatoria, atento que en Santa Fe se encuentra la mayor cantidad de asociados mutualistas, y a la historia y el rol que la economía social tendrá en el futuro. El hecho de que la nueva Constitución refleje estas circunstancias será una reivindicación para el mutualismo”, dijo.
Por su parte, Ramos sostuvo que “el cooperativismo es la respuesta indispensable ante las actuales circunstancias económicas, climáticas, etc., y este mecanismo solidario debe tener su contemplación amplia en la nueva Constitución”.
Del lado del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, se planteó “la necesidad de la defensa de las cajas de crédito y los órganos cooperativos de crédito a través de mecanismos incluidos en la reforma a plantearse”.
