Lo que se anunciaba como una de las acciones más efectistas del gobierno macrista está pasando sin pena ni gloria, debatiéndose en un mar de desconcierto y desinformación.
La ley que iba a ser ‘de Reparación Histórica’ todavía no logra arrancar: hay confusión entre los jubilados, poquísimas acciones comunicativas por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ningún asesoramiento de los empleados a los que se acercan a preguntar.
Cobran mayor vigencia las expresiones de la Senadora Nacional de la provincia de Santa Fe María de los Ángeles Sacnun, cuando en su rol de Miembro Informante del Despacho en Minoría expuso las razones jurídicas, políticas y económicas por las cuáles votaba en contra de esa ley.
La Anses, hasta ahora, ha comenzado a pagar de oficio el reajuste a 450 mil jubilados, que tienen 120 días para homologar el acuerdo, es decir, confirmar que aceptan lo que les paga la Anses y renunciar a cualquier acción judicial futura. Esto significa que tienen que buscarse un abogado sí o sí, porque es requisito indispensable para la homologación.
A fin de junio, cuando se dio el debate en el Senado de la Nación, Sacnun observó que la llamada ley ómnibus encierra norma “no necesarias a los fines de pagar las sentencias adeudadas a nuestros jubilados, como tampoco eran necesarias a los fines de proceder a los reajustes jubilatorios, a los cálculos de dichos ajustes jubilatorios, ni a la movilidad jubilatoria que demandan nuestros jubilados”. También advirtió: “existe una partida en el Presupuesto Nacional que está destinada justamente al pago de estas sentencias”.
Si bien el Gobierno dispuso el pago de las sentencias y un aumento general para los jubilados de haberes medios, quienes perciben la mínima sufrirán, al final de este 2016, un fuerte recorte en su poder de compra, producto de la combinación del escaso aumento de este año y la escalada inflacionaria, según revelan los datos oficiales.
Como aquella vez, la Senadora Nacional Sacnun afirma que “lejos de constituir una reparación histórica para jubilados y pensionados, esta ley que propone el Poder Ejecutivo Nacional tiende a llevar adelante una quita respecto de los montos de los haberes, de los valores retroactivos que se establecen, de los criterios de actualización, de los plazos y condiciones en que se debe pagar”.
“La reparación histórica es para un sector económico que viene haciendo lobby desde hace mucho tiempo y que nuestro gobierno no cedió a sus presiones”, completó.
