Las audiencias orales en el marco de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad se anunciaron inicialmente para el 29 de abril, pero finalmente comenzarán el 23 de junio en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, informa que el inicio de las audiencias públicas en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad denominada “causa Góngora”, que había sido anunciado para el 29 de abril, se postergó hasta el 23 de junio.
La «causa Góngora» investiga un caso de apropiación ilícita y se desprende de la Causa Sambuelli, que se inició el 19 de noviembre de 2012 en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe e investigó crímenes de lesa humanidad perpetrados en el norte santafesino durante el terrorismo de Estado. El fallo de esta causa se dio a conocer el 6 de agosto de 2013, con condenas para los siete imputados.
La “causa Góngora” remite a la apropiación ilegal de José, que nació en 1977. Fue inscripto con la identidad falsa de José Segretín, y se adulteró su acta de nacimiento. La apropiadora, Cecilia Góngora, fue imputada junto con la obstetra Elsa Nasatsky y el ex jefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli, que murió en 2014 tras ser condenado a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
La investigación dio inicio en noviembre de 2008 a partir de las testimoniales de Griselda Pratto y Luisa Beatriz Pratto -madre biológica del niño- en el Juzgado Federal de Reconquista, en el marco de la causa Sambuelli.
Actúa como querellante Rubén Maulín, padre biológico del niño, quien es asistido legalmente por José Adrian Zaragoza, Lucila Puyol y Guillermo Munné.
La reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, tras la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el año 2003, marcó un momento decisivo para el mejoramiento de la calidad institucional y un paso fundamental en la búsqueda de Verdad y Justicia.
En Santa Fe se pusieron en marcha causas emblemáticas y el gobierno provincial implementó una serie de políticas públicas destinadas a acompañar a la Justicia y tributar a este proceso de memoria, verdad y justicia, entre ellas: el Programa de Protección y Acompañamiento de Testigos y Querellantes; el Área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de las causas judiciales, y la creación de un Registro de ex presos políticos.
En la provincia los juicios por delitos de lesa humanidad comenzaron en 2009 y continúan desarrollándose. Los procesos implican la actuación de testigos, querellantes y abogados patrocinantes, actores fundamentales que han bregado sin descanso por esta oportunidad histórica.