La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo que redujo la coparticipación federal sin autorización del Congreso. Ahora la Nación deberá devolver «todos y cada uno de los recursos retenidos a las provincias de Santa Fe y San Luis por aplicación de ese decreto».
El máximo tribunal de justicia informó oficialmente que: «El Estado Nacional deberá: (1) cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días; (2) devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan.
A fin de hacer efectiva esta condena, la Corte Suprema fijó un plazo de 120 días para que las partes acuerden la forma y plazos en que el Estado Nacional reintegrará las sumas debidas a las provincias, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, la determinará el Tribunal en la etapa de ejecución de sentencia».
Para Bonfatti, “es una bisagra para el federalismo en la República Argentina”, que “se traducirá en muchísimas obras para toda la provincia”. Para Lifschitz, “es una reivindicación histórica”, y destacó el refuerzo que significa para las arcas del estado provincial.