PROVINCIALES – En la causa se investiga una diversidad de maniobras fraudulentas para apropiarse de los ahorros de cientos de personas a través de la sociedad de bolsa «Bolsafe Valores» y de la empresa BV Emprendimientos, que involucran además al Mercado de Valores del Litoral y al Banco de Galicia en operaciones que culminaron con el lavado de al menos 40 millones de pesos solamente durante 2012. El fiscal Federal de Santa Fe, Walter Rodríguez; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el coordinador del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de ese organismo, Pedro Biscay, requirieron la indagatoria de 49 imputados en la causa en la que se investiga una diversidad de maniobras fraudulentas para apropiarse de los ahorros de cientos de personas a través de la sociedad de bolsa «Bolsafe Valores» y de la empresa BV Emprendimientos, que involucran además al Mercado de Valores del Litoral y al Banco de Galicia en operaciones que culminaron con el lavado de al menos 40 millones de pesos solamente durante 2012.
La nómina de imputados está encabezada por el empresario Mario Rossini, un conocido operador del mercado local que «se valió de una estrategia consistente en la utilización de medios radiales, televisivos y gráficos como procedimientos de difusión masiva para atraer clientes», indicaron los fiscales.
El listado sobre quienes se reclama la indagatoria está compuesto, además de Rossini, por otros 25 empleados, productores y directivos de Bolsafe y BV Emprendimientos, 13 directivos del Mercado de Valores del Litoral y 11 del Banco de Galicia.
Los representantes del Ministerio Público individualizaron en el pedido de indagatoria los casos de 408 víctimas, aunque remarcaron que Bolsafe «llegó a contar con 13 mil comitentes en cartera», lo que revela la envergadura del daño producido, el fuerte impacto económico y la pérdida de confianza generalizada sobre el mercado de capitales local.
Los fiscales requirieron la indagatoria por los delitos de asociación ilícita para la concreción de una «indeterminada cantidad de delitos financieros y patrimoniales», entre ellas la intermediación bursátil no autorizada y administración fraudulenta, y el posterior lavado o blanqueo de los fondos que eran fruto de aquellas maniobras ilícitas.
