PROVINCIALES – La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó ayer el fallo del Tribunal de Oral de Santa Fe que en diciembre de 2009 condenó a 21 años de cárcel a Víctor Brusa, el primer juez federal de la Argentina juzgado por delitos de lesa humanidad y a un grupo de tareas: los oficiales de Inteligencia Héctor Colombini y Eduardo Ramos (a 23 años), los jefes de dos centros clandestinos, Juan Calixto Perizzotti (a 22 años) y Mario Facino (a 20) y la ex carcelera María Eva Aebi (a 19 años), también la primera mujer condenada por violaciones a los derechos humanos en el país.»Estamos muy emocionados», dijo uno de los fiscales que intervino en el juicio, al anoticiarse que la Cámara había confirmado las penas por los 55 hechos que se ventilaron en el debate. Por lo que ahora, queda abierta la vía para un segundo juicio a los mismos imputados, pero ya no por secuestros, torturas y apremios ilegales, sino por otro cargo: «asociación ilícita».
La sentencia a Brusa y compañía fue ratificada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal con el voto unánime de sus tres jueces: Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David. Hace menos de dos meses, el 23 de marzo, la misma Sala ya había confirmado la condena al ex agente secreto del Ejército y dirigente del gremio de la UOCRA, Horacio Barcos, a 15 años de cárcel. Lo que significa que Casación ya ratificó dos sentencias del Tribunal Oral de Santa Fe, aunque con distintos integrantes. En el juicio a Brusa, el tribunal estuvo integrado por el juez de Paraná, Roberto López Arango -que lo presidió- y los abogados Andrea Creus y Carlos Renna, mientras que en el de Barcos intervinieron los jueces José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Daniel Laborde. En el primero, el Ministerio Público estuvo a cargo de los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti.
Brusa fue condenado a 21 años de prisión por ocho casos de «apremios ilegales» durante la dictadura cuando era el operador del ex juez federal Fernando Mántaras, ya fallecido, a quien sucedió en el cargo durante el gobierno de Carlos Menem. Hoy, cumple su condena en la cárcel de Las Flores, mientras es investigado en otras causas.
