PROVINCIALES – NOTA DE OPINION – El gobierno de Antonio Bonfatti quiere empezar a tratar la reforma tributaria y que mejor manera que sea empezar por el inmobiliario. Por Darío Schueri.Cuando Raúl “Pato” Lamberto, titular del interbloque frentista de diputados frenó en seco al Vicegobernador Jorge Henn, quien había iniciado contactos con senadores peronistas por una virtual reforma tributaria, seguramente recordó los dos intentos reformistas fallidos en la gestión Binner (principio del 2009 y finales del 2010) en los cuales tuvo que poner la cara para atemperar los ácidos discursos del por ese entonces opositor peronismo; hoy oficialismo en la misma Cámara.
La última tentativa de Binner de “armonizar” (Sciara dixit) los tributos provinciales chocó contra los senadores peronistas que podaron las expectativas del por entonces Gobernador, dejando solo en pie un incremento del impuesto inmobiliario rural y urbano, aceptando la propuesta del P.E. sobre la suba de hasta un 200 % sobre el Urbano, Sub Urbano y Rural.
El peronismo insistió con la exención de Ingresos Brutos para la industria y el sector de la construcción, y sólo accedieron a gravar con el 3,5 por ciento de este impuesto a las industrias foráneas que facturaban desde Santa Fe para aprovechar la eximición que esta provincia conserva desde el Pacto Fiscal de 1992, algo que los estados vecinos ya modificaron.
El Ejecutivo también pedía permiso para usar el 100% del dinero acumulado en el Fondo Unificado de Cuentas Corrientes Oficiales (Fuco), pero los senadores rechazaron esa pretensión.
Empezar por el inmobiliario
Hoy sectores del peronismo y del PRO avalaron públicamente comenzar a estudiar un incremento del Inmobiliario urbano y rural (alentado ya por el peronismo en el 2010).
El Gobernador Bonfatti detalló que «el Inmobiliario representa el 7 por ciento de los ingresos de la provincia, lo cual es irrisorio en contraste con el valor de la hectárea», y ejemplificó diciendo que “de los 7.238 millones de pesos que el fisco recaudó el año pasado por impuestos, 567 millones (7,83%) correspondieron al Inmobiliario, rural y urbano.
Pero la cuestión no pasa por las alícuotas, sino por los avalúos fiscales que según el Subsecretario de Ingresos Públicos Sergio Beccari no se ajustan desde el año 1993. El promedio de los avalúos fiscales de inmuebles rurales en Santa Fe le asigna un valor de entre 113 y 160 pesos por hectárea, con excepción de campos ubicados en el Sur provincial en los cuales la base imponible asciende tan sólo a un valor de 600 dólares por hectárea, cuando el valor inmobiliario de esos campos arranca desde los 12.000 dólares, al menos desde el centro de la Bota hacia el sur.
Bonfatti, ante el inicio de las negociaciones paritarias fue claro: «la provincia necesita mayores ingresos, y nunca los incrementos salariales están incluidos en el presupuesto». El año pasado, el aumento de sueldos a la administración pública significó una erogación extra de 3.426 millones.
Cejas de acuerdo
En esa línea, el titular de la CGT Santa Fe, Alberto Cejas, acordó con los dichos del Gobernador sobre una suba impositiva en la provincia para dotar al Estado de mayores recursos, pero ató la reforma tributaria a criterios de equidad y justicia para que todos aquellos sectores que tengan ingresos extraordinarios sean quienes más contribuyan. ‘Es justo que los que tienen mayor capacitad contributiva paguen más impuestos y apoyamos la readecuación algunos impuestos que han quedado totalmente desactualizados como el inmobiliario rural, por ejemplo».
El ex diputado kirchnerista dijo que «si la reforma no es equitativa por más que se reajuste el inmobiliario rural, por ejemplo, habrá sectores que, como si no perteneciesen a nuestra misma sociedad y realidad, continuarán gozando de beneficios extraordinarios que ningún otro mortal posee en Santa Fe y eso es sumamente injusto».
Cejas hizo clara referencia a las multinacionales cerealeras que aún continúan exentas del pago de ingresos brutos cuando poseen rentas extraordinarias. En referencia a estas multinacionales que comercializan oleaginosas y sus derivados dijo que «el argumento de estos sectores que dice que si se les quita la exención a ingresos brutos trasladarían estos costos al producto es una extorsión lisa y llana que el gobierno no debería permitir».
