ASOCIACION DE PRENSA DE SANTA FE – El acceso a la información pública –la que genera u obtiene el Estado en sus tres funciones- es un derecho reconocido a nivel internacional e incorporado a nuestro sistema constitucional a través de la forma republicana de gobierno y de pactos tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos.El reconocimiento y efectivo ejercicio de este derecho hace a la calidad de la democracia en la que queremos vivir.
Sin embargo, ante la cultura del secreto y oscurantismo que profesan muchos funcionarios públicos una ley que reglamente el ejercicio de este derecho sin restricciones se hace indispensable.
Ante un nuevo 28 de Septiembre, Día Internacional del Derecho a Saber, se celebra el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia en relación con un proyecto de ley en la materia, que sintetiza iniciativas de Hugo Marcucci, Alfredo Menna, Alicia Perna, Gabriel Real, Luis Mauri y Estela De Michelis.
El texto propuesto es completo y respetuoso del ejercicio del acceso a la información pública. No obstante preocupa a la Asociación de Prensa de Santa Fe y al Sindicato de Prensa Rosario el segundo párrafo del artículo 2º del proyecto por el que habilita el acceso a la información judicial cuando se trata de temas de interés general, o bien en los que la Provincia sea parte.
La preocupación surge de la dificultad en la interpretación del concepto jurídico que supone el interés general, cuyo alcance podría ser definido por el encargado de aplicar la norma con un criterio más o menos restrictivo, por un lado, y por el otro, por la necesidad de articular esta norma con el Código Procesal Penal que se está implementando progresivamente en el territorio santafesino y trae la publicidad de los juicios como un pilar fundamental.
Es necesario que esta ocasión de avance no nos conduzca a una nueva frustración y no se repita lo resuelto en la Cámara Alta, donde los senadores, en especial quienes de manera histórica compusieron el bloque de senadores justicialistas, presentaron trabas que de manera sistemática impidieron que se sancione una ley sin restricciones.
Recordamos que el ejercicio de este derecho en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial está regulado a través de un decreto en la materia, firmado por el actual gobernador Hermes Binner, el que resulta insuficiente porque no alcanza a los poderes legislativo y judicial. Asimismo las ciudades de Santa Fe y Rosario, entre otras, cuentan con ordenanzas que reconocen el ejercicio de este derecho.
La fuerza con la que estas normas se vienen dictando, a nivel de los municipios y del Poder Ejecutivo provincial exige que el Legislativo, finalmente, asuma la responsabilidad de dictar una ley de acceso a la información pública que respete de manera cabal, el sentido que este derecho tiene y su necesidad para sociedades donde la democracia sea cada vez mas profunda.
También esperamos que el Congreso de la Nación se aboque a la tarea, hasta conseguir un resultado satisfactorio para la ciudadanía argentina
