ENTRE RÍOS – El senador sostuvo que se hicieron las modificaciones sugeridas por la Dirección de Fiscalización Agroalimentaria y consideró que la comisión de Diputados se confundió al analizar la norma y creyó apresurada la decisión de redactar una nueva.El senador provincial, Eduardo Melchiori (Islas del Ibicuy – PJ) manifestó que el proyecto modificatorio de la ley de Puertos de Fiscalización, aprobado el año pasado por la Cámara Alta, “no tiene errores ni omisiones”. El legislador respondió así, a las expresiones vertidas por la Comisión de Tierras y Obras Públicas de Diputados tras la reunión llevada a cabo este martes y en la que también participó el Director General de Fiscalización Agroalimentaria, Jorge Floreán .
Para Melchiori, la comisión que preside el diputado Horacio Flores (PF) se “confundió” al analizar el proyecto girado desde el Senado, con las propuestas realizadas en su momento por Floreán proponiendo modificar algunos artículos de las leyes de Puertos de Fiscalización Nº 7156 y la de Pesca Nº 4892.
“Nosotros dimos media sanción en septiembre de 2009 y enviamos a la comisión este proyecto donde sólo se establecieron cambios en los artículos 1º, 5º y 6º de la Ley de Puertos de fiscalización tal cual lo propuso Floreán. Supongo que por esto, los Señores diputados pensaron que omitimos mencionar los cambios sugeridos por el director de Fiscalización, en el artículo 3º de la Ley de pesca. Tal vez cometieron el error de creer que las enmiendas en ambas normas, se podía hacer en un mismo proyecto de ley; hecho que es inviable jurídica y legislativamente”, explicó el senador.
En relación a la iniciativa que presentó en diciembre de 2008 –expediente Nº 9305- para modificar el artículo 3º de la normativa que regula la actividad pesquera, Melchiori aseguró que la misma aún no fue tratada por Senadores. “Este compás de espera se debe a que se está estudiando en la legislatura, y con los sectores afectados al tema, la letra de una nueva Ley de Pesca”, aseveró.
Con respecto a la idea manifestada por los integrantes de la Comisión de Tierras de redactar otra norma para regular los puertos de fiscalización, Melchiori la consideró una decisión “apresurada” y pidió que se revea el tema teniendo en cuenta las aclaraciones antes efectuadas. No obstante esto, el representante isleño informó que se les remitió oportunamente a los diputados de esa comisión, copias del expediente antes citado para que, si lo consideran necesario, le incorporen al anteproyecto sancionado por el Senado el párrafo donde se exceptúa “de las disposiciones del Art. 3º a los pobladores ribereños que pesquen con el único y exclusivo fin de su alimentación y la de su familia”, concluyó.
Un poco de historia
En diciembre de 2008, el senador Melchiori presentó sendos proyectos proponiendo modificaciones a la Ley de Pesca –Nª 4.892- y a la que regula los Puertos de Fiscalización –Nº 7.156-, ambas actualmente vigentes en la provincia.
Estas normativas, con sus numerosos decretos y resoluciones complementarias, disponen diversas prácticas de manejo del recurso ictícola y establecen distintas zonas de reserva, épocas de veda, especies protegidas, y reglamentos para desarrollar la práctica deportiva y también de la pesca comercial.
En cuanto a las modificaciones presentadas, por vía legislativa, a la Ley de Pesca, el representante de Islas en el Senado propone actualizar esta reglamentación adecuándola al uso sustentable del recurso ictícola, acorde a las tendencias modernas en materia ambiental, en lo que a la práctica deportiva respecta.
En los fundamentos, Melchiori expresa que el artículo 3º de la norma, se indica que para pescar en aguas de uso público de jurisdicción provincial, se debe contar con un permiso y/o licencia habilitante. Sin embargo, en el artículo 6º se exime de tal exigencia a los pescadores deportivos que no utilicen artes de pesca masivos, y que sólo lo hagan con los que están permitidos para este deporte sin destinar la captura de los ejemplares a la comercialización. “Esto ha dado origen a varias interpretaciones a saber –dice el senador-: primero, que los pescadores deportivos tienen como requisito ineludible, la obtención de la licencia habilitante establecida en el art. 3º, previo pago de su arancel. Segundo, que los pescadores deben contar con una licencia habilitante gratuita, conforme a lo establecido en los artículos 3º y 6º -ley 4.892- y lo narrado en los artículos 4º y 5º, los cuales al referirse a los datos que se deben consignar en la licencia, no diferencian si se trata de pescadores deportivos, comerciales o artesanales quedando, en consecuencia, todos obligados a tenerla. Tercero, que se encuentran exceptuados de ese requisito por imperio del art. 6º, siempre y cuando no empleen medios masivos, no pudiendo comercializar los ejemplares que aprehendan. Esto último, en la práctica, es de difícil verificación desde los organismos de control; en atención que, en diversas inspecciones se ha constatado la tenencia de mallas y de cantidades de piezas por parte de pescadores habilitados como “deportivos”, que superan la actividad para que obtuvieron la licencia.
Melchiori consideró que, “más allá de las discusiones interpretativas, en la práctica, el organismo de aplicación –en este caso, la Secretaría de la Producción- en las distintas reglamentaciones que establecen los valores que rigen para la obtención de las licencias, históricamente ha impuesto a sus distintos organismos de control, la exigencia del cobro de permisos anuales y transitorios para la pesca deportiva, entre otras actividades”.
El parlamentario también destacó que, “la pesca deportiva se ha convertido en una importante fuente de ingresos para distintos sectores de la economía provincial siendo fuente de trabajo, tanto para operadores y trabajadores del turismo –alquiler de alojamiento, guías y baqueanos, renta y venta de equipos de pesca, náutica y camping, etc.-, por lo que merece especial atención desde los distintos estamentos del Estado provincial, con el objeto de su fomento”.
Melchiori resaltó que en legislaciones de otras provincias, la pesca deportiva tiene como requisito previo, la obtención de los permisos o licencias habilitantes, “por lo tanto, parece un despropósito que la ley vigente en Entre Ríos permita la práctica deportiva gratuita y, más aún, sin exigir habilitación alguna”.
En cuanto a la norma que regula a los Puertos de Fiscalización –Nº 7.156- para controlar los productos de la pesca comercial dentro de la jurisdicción municipal, la ley estipula que: “los mismos se instrumentarán a través de convenios que la Subsecretaría de Asuntos Agrarios suscribirá con las comunas y Juntas de Gobierno estableciendo -en su artículo 5º-, que el Poder Ejecutivo fijará anualmente un arancel de fiscalización por kilogramo de pescado. Lo recaudado ingresará al Fondo de Protección y Conservación de Fauna de los cuales, el setenta por ciento (70%) será destinado a la Comuna que ejerza de fiscalizador, según los términos que se pacten en cada convenio”.
Para el legislador, la normativa no regla sobre las actividades relacionadas a la pesca deportiva subrayando que: “En general, los municipios con acuerdos vigentes han asumido las facultades de control, pero sin recibir compensación económica alguna”.
En base a todo lo expresado, Melchiori considera necesario modificar en las normas vigentes dos aspectos importantes. En cuanto al artículo 6º de la ley de Pesca, su nueva redacción sería: “Exceptúese de las disposiciones del Art. 3º a los pobladores ribereños que pesquen con el único y exclusivo fin de su alimentación y la de su familia”.
En tanto que en los artículos que el senador por Islas sugiere modificaciones en la norma que regula a los puertos de fiscalización son, el 1º, 5º y 6º. Según Melchiori, los mismos quedarían redactados de la siguiente forma: Art. 1º. Incorporase dentro del régimen de la ley Pesca Nº 4.892, la implementación de puertos de fiscalización de productos de la pesca comercial y la pesca deportiva, los que se instrumentarán a través de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios mediante convenios que ésta podrá suscribir con las Municipalidades y Juntas de Gobierno de la provincia, previo informe y determinación de la Dirección de Recursos Naturales sobre los lugares apropiados para este fin.
Art. 5º. El Poder Ejecutivo anualmente fijará un arancel de fiscalización por kilogramo de pescado y el valor de los permisos de pesca deportiva, que por ser discriminatorio de acuerdo al valor de mercado de cada especie y de establecer, previo informe de la Dirección de Recursos Naturales, su producido ingresa al Fondo de Protección y Conservación de la Fauna creado por el Art. 78 de la Ley Nº 4.841.
Art. 6º. De los fondos que se recauden por tanto por pesca comercial, como por pesca deportiva, podrá destinarse hasta un setenta por ciento (70%) al ente Comunal que ejerza la fiscalización, según los términos pactados en el pertinente convenio.
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